Tras doce años en el Congreso, el proyecto de ley para frenar el comercio ilegal pareciera estar cerca de ser aprobado. El miércoles la comisión mixta visó unánimemente la iniciativa, que enfrentaba su tercer trámite constitucional.
En 2007, la presidenta Michelle Bachelet ingresó a la Cámara de Diputados la propuesta sobre la materia con la idea de “combatir el comercio ilegal y la piratería intelectual, dotando a las policías de mecanismos que faciliten la labor investigadora de esos ilícitos”.
Hasta 2010 la propuesta fue discutida en comisiones y salas de ambas cámaras, generando discrepancias y quedando archivada.
El año pasado se retomó el debate y se volvió a conformar una comisión mixta encargada de resolver las diferencias producidas durante su tramitación.
Ahora será el turno de que las salas de la Cámara y Senado se pronuncien sobre el proyecto compuestos de siete artículos para que se convierta en ley.
En contra del crimen organizado
Los objetivos de la iniciativa son, en primer lugar, entregar herramientas para identificar y desarmar a las bandas de crimen organizado que nutren el denominado “mercado gris”, además de permitir que se aplique la figura de la asociación ilícita.
Luego, se propone poder sancionar con penas privativas de libertad a los jefes de bandas criminales. Sumado a esto, se espera poder autorizar a las policías, inspectores municipales y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) para fiscalizar el cumplimiento de las normas que rigen el comercio.
A través de los cambios se quiere obligar a las municipalidades a establecer en sus ordenanzas los lugares donde se podrá realizar el comercio ambulante y contar con un sistema de identificación de las personas autorizadas.
Por último, se pretende establecer una sanción específica en la Ley de Tránsito al ejercicio del comercio ambulante sin permiso, así como el protocolo de decomiso que debe aplicarse.
El presidente de la comisión mixta, el senador José Miguel Insulza (PS), explicó que la iniciativa busca “golpear” al crimen organizado y no solo a personas que venden en la calle, pues eso ya está en la ley.
Según cifras de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la evasión tributaria por IVA llegó a US$ 6.290 millones en 2018, afectado por la informalidad en ciertos sectores.
Desde el gremio celebraron el avance de la iniciativa. Su presidente, Manuel Melero, destacó que “su aprobación significará una señal muy importante para que todos los actores políticos y las autoridades de nuestro país entiendan que el comercio ilícito es una actividad inaceptable para Chile”.
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