Un total de 46 medidas propuso la comisión asesora presidencial para mejorar la regulación de la relación entre las instituciones sin fines de lucro y el Estado, la cual encabezó la abogada y presidenta de Chile Transparente, María Jaraquemada.
La instancia entregó este lunes al Presidente de la República, Gabriel Boric, sus conclusiones para enfrentar los casos de transferencias de fondos públicos a diversas entidades que actualmente están siendo investigados por la justicia.
Entre las conclusiones se propone enviar al Congreso un proyecto para crear una ley general de transferencias que regule de manera global y supletorio aquellos traspasos estatales a instituciones privadas con y sin fines de lucro; y ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (Sisrec) de la Contraloría General de la República, como portal único.
También se sugiere el establecimiento de un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile, de acuerdo con estándares y buenas prácticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la OCDE; y un portal electrónico de información sobre transferencia de recursos públicos al sector sin fines de lucro.
Junto con valorar las recomendaciones, el Presidente Boric recordó que el trabajo de la comisión se originó en algunos casos de corrupción que investiga la justicia, contexto que puso en el foco de la opinión pública la fundación Democracia Viva, ligada al partido oficialista Revolución Democrática; y que se extendió a otros puntos del país.
“Seremos muy estrictos y duros con los que cometen irregularidades, pero no se puede disparar a la bandada independiente del color político, eso daña la democracia y abre paso al populismo”, subrayó el mandatario en el marco de un acto en La Moneda.
De todas formas, el Presidente afirmó que “si hoy decidimos aumentar la regulación, subir los estándares, no es para inhibir la participación de la sociedad civil, sino que para hacerla más robusta e incidente” y, en ese sentido, pidió “no estigmatizarlas”, porque “hoy están siendo investigadas 53 organizaciones de las más de 300 mil inscritas en el registro de personas jurídicas sin fines de lucro”.
Boric agregó que “el Estado debe recuperar funciones que paulatinamente ha ido perdiendo, fortalecer su musculatura, pero también es cierto que para llegar con más eficiencia a las comunidades muchas veces es mucho mejor apoyarse en organizaciones de la sociedad civil”.
El mandatario enfatizó que “no todo debe pasar por el Estado o el mercado, porque también hay una sociedad civil activa, colaboradora y fiscalizadora”.
Otras dimensiones
Entre las cerca de 50 medidas, destaca también la que apunta a aumentar estándares de control a corporaciones municipales y regionales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio, así como establecer la obligación de alcaldes de informar al Concejo Comunal de transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto. Lo mismo para gobernadores respecto del CORE.
Adicionalmente, la comisión propuso reducir el rango de 7.000 UTM de la inversión, previsto en la Ley de Gobiernos Regionales.
Otra medida se relaciona con establecer un catálogo de sanciones proporcionales adicionales a la cancelación de la personalidad jurídica a instituciones privadas sin fines de lucro.
Con el objetivo de avanzar en normas de probidad, el grupo de expertos también planteó incorporar normas de incompatibilidades para relaciones de pareja no formalizadas e hijos en común.
Ya en el terreno vinculado con la institucionalidad vigente, se sugirió que el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (Caigg) esté regulado en una ley y que le dé cierta autonomía del gobierno de turno para cumplir su rol y garantice su profesionalismo.
Además, se aconsejó permitir que la Contraloría envíe los antecedentes al Tribunal Electoral Regional (TER) de infracciones de Gobernadores Regionales, Gobiernos Regionales (GORE) y alcaldes.
Las distintas voces que escuchó la comisión en sus 45 días de vigencia
La comisión asesora ministerial inició sus labores de forma preliminar el 7 de julio. Desde la publicación del Decreto que la creó, su labor se extendió por 45 días corridos, finalizando el 26 de agosto. La integraron María Jaraquemada como presidenta de la instancia, además de Ramiro Mendoza, Jeannette von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval y Francisco Agüero. La secretaría ejecutiva del equipo quedó en manos de Valeria Lübbert, quien cumple el mismo rol en la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia de la Segpres.El grupo de expertos escuchó exposiciones de funcionarios y representantes de la Dirección de Presupuestos, de los ministerios de Hacienda, Justicia y Derechos Humanos, Segpres, Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado, representantes de los Gobiernos Regionales y Municipalidades, además de expertos de la OCDE y la Charity Commission, de Reino Unido, entre otros. Asimismo, escucharon a académicos y exautoridades, así como representantes de fundaciones y corporaciones, quienes dieron su mirada desde la práctica.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
gobierno
