El álgido debate que se ha generado en torno a la denominada norma de “amarre” en el marco del reajuste del sector público sigue marcando la agenda.
Se trata de uno de los contenidos alcanzados en el acuerdo firmado entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, el que desató fuertes críticas por parte de la oposición, quienes acusan que el actual Gobierno quiere dejar amarrados para la próxima administración de José Antonio Kast a funcionarios que ingresaron durante la actual gestión del Presidente Gabriel Boric.
El jefe de la bancada del PPD, el diputado Raúl Soto, señaló este domingo en el programa Estadio Nacional de TVN que, “más allá del tecnicismo jurídico -y así se lo he representado al ministro Grau, quien me llamó hace algunos días para conversar de este tema- es un error político plantear una norma como esta a pocos meses del término del Gobierno y en el contexto de una ley de reajuste que tiene un objetivo principal que es distinto a ese”.
El parlamentario añadió que “esto se debió haber discutido hace dos o tres años atrás en el marco de una ley de reforma de modernización del Estado que establezca una reforma al estatuto administrativo y en un plazo de discusión de mucho más largo aliento”
Soto explicó que si bien no lo hace inamovible, sí dificulta el despido respecto de funcionarios que llevan dos años en el cargo y que ingresaron en este Gobierno. “Eso desde la perspectiva política, en mi opinión, es un disparo en los pies porque es inexplicable ante los ojos de la ciudadanía”.
Al respecto, apuntó que esperaría que el Gobierno actual “tenga unos últimos meses tranquilos, con una administración buena, que dejen una buena imagen en la ciudadanía y no con este tipo de errores que terminan finalmente enturbiando el debate público”.
A su juicio, la norma no lo hace inamovible, pero sí dificulta el despido respecto de funcionarios que llevan dos años en el cargo y que ingresaron durante este Gobierno
"Eso desde la perspectiva política, en mi opinión, es un disparo en los pies porque es inexplicable ante los ojos de la ciudadanía", sentenció Soto.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, manifestó que “nadie se apituta, nadie se amarra, lo único que se establece es que los despidos de personas que están a contrata en el sector público con dos años de antigüedad tengan que ser fundados; es decir con argumentos en hechos y en derecho”.
La parlamentaria oficialista defendió que “no impide que la próxima jefatura, que el próximo Gobierno tome decisiones”.
¿Acusación constitucional?
El tono del debate subió esta semana cuando se instaló que la UDI evalúa acusar constitucionalmente al ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
“Si el ministro Grau no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo", señalaron esta semana en la colectividad.
El diputado electo de la tienda, Jaime Coloma, detalló que se trata de algo que está en evaluación y que se han establecido etapas para hacer frente a este tema.
La primera, que buscarán rechazar la ley cuando se presente, para lo cual están conversando con distintas bancadas. Si eso no ocurre, manifestó que irán al Tribunal Constitucional (TC) para evitar que se ejecute, argumentando que “es una ley que no está en el tiempo ni en el lugar correspondiente”.
En tercer lugar, dijo, se evaluará la acusación constitucional. “Esta ley que se mete entre gallos y media noche, a último segundo, un poco a la mala, este no es el lugar correspondiente y es completamente inmoral”, expresó Coloma.
La amenaza del gremialismo fue criticada en algunos sectores políticos. Soto cuestionó que “vemos una oposición hasta el último día siendo irresponsable” y calificó como un “precedente nefasto” el que estarían sentando al anunciar una acusación constitucional contra el ministro Grau por el hecho de no compartir el contenido de un proyecto de ley que todavía no existe.
“Los llamo a retractarse, a la reflexión y a retirar esa idea. Cuando uno no comparte el contenido de un proyecto de ley en democracia tiene dos caminos: primero, incidir a través de un acuerdo para modificar ese proyecto de ley y el otro es rechazarlo”, dijo.
El diputado concluyó que “anunciar una acusación constitucional sin ninguna justificación -ni jurídica ni política- me parece inaceptable”.
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