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REGÍSTRATE AQUÍLa Contraloría advirtió problemas para hacer seguimiento a la ejecución del instrumento.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 29 de julio de 2020 a las 04:00 hrs.
La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados inició ayer el trámite del proyecto que crea un fondo por hasta US$ 12.000 millones, denominado “fondo Covid-19”, para solventar gastos en reactivación económica y transferencias a las familias para superar la emergencia sanitaria por los próximos 24 meses.
Y si bien este vehículo era un eje clave del acuerdo gobierno/oposición firmado en junio, el inicio de su trámite parlamentario no estuvo exento de polémica.
El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, advirtió en la instancia que el carácter “extrapresupuestario” de algunos gastos con cargo al fondo provocaría “dificultades en la contabilidad” y “afecta” la trazabilidad de los recursos. También, mostró su aprensión ante la posibilidad que se exima del trámite de toma de razón a los decretos y resoluciones que dispongan las acciones financiables por el fondo, lo que dijo Bermúdez dificultaría la trazabilidad y controlar la ejecución del gasto público. Varios parlamentarios de oposición se hicieron eco de dichas observaciones.
Tanto el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, como el director de Presupuestos, Matías Acevedo, rebatieron las observaciones del contralor, señalando que no es una innovación tener un fondo extrapresupuestario. Asimismo, Briones se mostró “sorprendido” por un informe de Contraloría que daba cuenta de una baja ejecución de los fondos para la emergencia, el que incluía cifras a abril.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
La extitular de Trabajo es partidaria de que el Estado entregue subsidios para apoyar a los sectores que lo requieren, siempre con foco en mujeres y jóvenes, y plantea que el horizonte del gobierno para este año debería ser recuperar al menos 200 mil plazas.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.