En 2012 Argentina registró su mayor déficit fiscal en relación al PIB en once años y su primer déficit primario desde 1996. Lejos de mejorar, los indicadores fiscales para 2013 continúan deteriorándose, destacando el curso insostenible de la política fiscal del gobierno. El incremento de transferencias y subsidios, junto con el estimulante gasto de capital pre elecciones, continúa cavando un agujero en las finanzas de la nación.
En los primeros seis meses de 2013, las cuentas del sector público no financiero estaban en rojo por una suma de 13.800 millones de pesos argentinos (US$ 2.400 millones), el mayor déficit nominal en el primer semestre registrado. El déficit aumentó 33% año sobre año, sugiriendo que la meta de 1.100 millones de pesos argentinos de superávit para fin de año como objetivo del presupuesto del 2013 está muy lejos de alcanzarse.
Enfatizando las dificultades enfrentadas por el sector público, el superávit primario del primer semestre (el balance fiscal excluyendo pagos de intereses), de 4.700 millones de pesos argentinos, estuvo por debajo del 3% del superávit en el mismo período de 2012. La proyección poco realista del presupuesto 2013 es para un superávit primario de 36.700 millones de pesos argentinos.
Con el crecimiento de los ingresos recuperándose, junto con una reactivación tentativa de la economía, el agujero fiscal está siendo cavado por el mismo gobierno.
Reactivando la economía
El gasto de capital fue de 38% hace un año. Reflejando, en parte, los esfuerzos del gobierno para poner en marcha una economía que se estancó en 2012, el aumento en el gasto de capital también reflejó gastos en proyectos en las provincias como una concesión para los potenciales votantes antes de las elecciones legislativas el 27 de octubre. Las transferencias, que incluyen ayuda social, subsidios en energía y transporte, y transferencias a gobiernos locales y provinciales, se elevó un 17%.
La inflación anual que está cerca de 25%, según estimaciones independientes, también sitúa una carga pesada en las finanzas del gobierno, requiriendo aumentos sustanciales en el gasto social si es que los beneficiarios de esos programas no ven una reducción sostenida en términos reales. Los trabajadores del sector público de manera similar dependen del aumento de los salarios del gobierno para mantener el ritmo del aumento del costo de la vida.
Los subsidios energéticos han sido una gran contribución al aumento en el gasto. Los subsidios se han sextuplicado desde 2007, superando ampliamente el crecimiento en el gasto del presupuesto general. Esto es un resultado del incremento considerable en los precios de la energía en los últimos años, combinado con un fracaso para ajustar la tarifa de consumo que ha sido largamente congelada desde la crisis de Argentina de 2001. Destacando el problema, la importación de gas natural de Bolivia cuesta
US$ 12 por millón de BTU. El gas que ingresa por barco cuesta cerca de US$ 17 por millón de BTU. Los consumidores residenciales pagan sólo US$ 0,50.
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