Finalmente para el 1 de julio está programada la primera audiencia de preparación del juicio por el caso La Polar. El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago informó ayer la fecha de este primer proceso que, según los propios abogados defensores y el Ministerio Público, podría extenderse hasta por dos meses, después de lo cual arrancará el juicio penal.
En esta fase se estudiará, entre otros aspectos, si existen defectos formales en la acusación o pruebas no pertinentes y se discutirá la exclusión de pruebas para el litigio, en el que la Fiscalía Centro Norte, liderada por el persecutor José Morales, cuenta para llamar a declarar a más de 245 testigos y 30 peritos.
Entre estos últimos destacan Carolina Norambuena Arizabalos, jefa de la División Jurídica del Servicio Nacional del Consumidor, que declarará sobre las renegociaciones unilaterales o automáticas entre los años 2006 a 2011; el oficial de Carabineros Rodrigo Carrasaco Sanhueza, refiriéndose a la extracción de correos electrónicos o archivos de varias personas; o el subcomisario de la PDI Johny Fica Mendez, sobre el informe, elaborado por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana, en relación a remuneraciones, inversiones y flujos de dinero de los tres principales acusados, Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno.
Asimismo, serán relevantes la presentación de Pablo Escobar Fuentes, fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), quien expondrá sobre las operaciones llevadas a cabo por Alcalde, Moreno y empresas relacionadas y sus efectos tributarios y, junto a ellos, las declaraciones de los tres ingenieros comerciales de la Universidad de Chile, encargados del "Análisis de Informes de Gestión y Estados Financieros Empresa La Polar".
Defensas preparan artillería
Pero mientras llega el juicio y esta primera audiencia de preparación, las defensas de los acusados han comenzado a preparar sus estrategias.
El abogado de Farah, Álex Carocca, insistirá en la inocencia de su representada, argumentando que "las repactaciones surgieron de manera única y exclusiva en la gerencia de cobranzas que, a su vez, dependía del gerente de productos financieros, Julián Moreno", en su opinión, "el único que conoció a nivel gerencial esta práctica", insistiendo en que la versión de los hechos del Ministerio Público y de la opinión pública es "errada".
Por su parte, el abogado de Julián Moreno, Miguel Chaves, señalará que las acusaciones por lavado de dinero, uso de información privilegiada y entrega de información falsa al mercado son insostenibles en su caso. En este último ilícito, dice, porque no es ejecutor, sino colaborador, ya que era Farah la encargada de definir el porcentaje de las repactaciones. Además, sostendrá que en el delito vinculado a la Ley de Bancos, su defendido habría actuado sólo como "mensajero" de la información preparada por otros.
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