Los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD) presentaron ayer una solicitud ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que el tribunal de alzada designe un Ministro en Visita que investigue de forma exclusiva el cartel de las papeleras y la participación de las empresas CMPC y la sueca SCA en el acuerdo para repartirse el mercado y fijar precios a diversos productos de papel higiénico.
Los parlamentarios fundamentaron su petición en la declaratoria de incompetencia generada hace unos días en el Juzgado de Letras de Colina, el cual desistió de investigar el caso debido a que los hechos habrían sucedido el año 2000 en un Cuartel de Bomberos ubicado Las Condes, territorio que queda fuera de sus límites jurisdiccionales.
En su requerimiento presentado a fines de octubre, la Fiscalía Nacional Económica (FNE), sostuvo que la colusión entre CMPC -ligada al grupo Matte- y la firma de capitales suecos SCA partió a mediados de 2000, cuando aún regía el sistema penal antiguo.
Tras la diligencia, el diputado Farcas comentó que “lamentablemente, entre lo que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de la Libre Competencia y el Juzgado de Colina, se ha generado un manto de duda sobre cuándo se podría investigar este caso”.
Además, indicó que “sin duda la investigación más importante es la que lleva a cabo la Fiscalía Sur, donde se presentó la querella por alteración de precios en artículos de primera necesidad, pero aquí lo fundamental es que en ambas contemos con la mayor celeridad posible”.
En tanto, Silber expresó que “estamos muy expectantes de la decisión que se tome en tribunales, porque sería una señal importante de persecución penal ante hechos tan graves y que han generado tanto escándalo”.
La presentación de los diputados se adelantó al fallo que el Tribunal Constitucional deberá emitir a principios de enero, donde determinará si el Ministerio Público tiene facultades para solicitar la entrega de los antecedentes confidenciales recabados por la FNE para elaborar su requerimiento contras las empresas, y con los cuales pretende levantar un caso penal.
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