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Publicado: Jueves 23 de octubre de 2014 a las 05:00 hrs.
Y el plazo finalmente se cumplió. Es por ello que ayer el Ministerio de Economía publicó las respuestas recibidas en el marco del proceso de consulta pública del reglamento sobre consentimiento de los consumidores respecto de contratos financieros.
En una de las respuestas, la cartera aclaró que “la regulación de la facultad del proveedor de poner término a contratos en el caso que el consumidor rechace, o no se pronuncie frente a la propuesta de modificación de contrato que le efectúa el proveedor, es algo que no corresponde efectuar a través de la Potestad Reglamentaria de Ejecución“.
Además, en el marco de la consulta, el ministerio recibió los comentarios de varios actores del mercado, destacando el que realizó la Asociación de Bancos: “prohibir los ajustes de comisiones, o exigir consentimiento expreso, no son remedios eficaces contra el poder de mercado ni contra posibles conductas que afecten negativamente a los usuarios“.
Tarjetas de crédito
La cartera encabezada por Luis Felipe Céspedes también publicó la respuesta que emitió por la consulta de la modificación del reglamento sobre información al consumidor de tarjetas de crédito bancarias y no bancarias.
El ministerio sostuvo que “la propuesta de derogación deja plenamente a salvo las demás normas del ordenamiento jurídico que permiten que, en los contratos a plazo fijo, puedan pactarse cláusulas de renovación automática y que, en consecuencia, éstas produzcan el efecto acordado entre proveedor y consumidor“.
En este proceso, el comentario realizado por el Comité Retail Financiero señaló que “nos parece que el ministerio está inferfiriendo la libertad de contratación de las partes que no deja de estar presente en un contrato de adhesión“.
En 12 meses, la tasa de desocupación registró una variación de 0,6 puntos porcentuales (pp.), debido al alza de la fuerza de trabajo (0,6%) y la nula variación de las personas ocupadas, informó el INE.
Según el CEO Luis Sepúlveda, muchas compañías están recurriendo únicamente a abogados para enfrentar la regulación, sin incorporar aún la capa tecnológica necesaria para cumplir en su totalidad con la regulación que entra en vigencia en 2026.