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Publicado: Jueves 23 de octubre de 2014 a las 05:00 hrs.
Y el plazo finalmente se cumplió. Es por ello que ayer el Ministerio de Economía publicó las respuestas recibidas en el marco del proceso de consulta pública del reglamento sobre consentimiento de los consumidores respecto de contratos financieros.
En una de las respuestas, la cartera aclaró que “la regulación de la facultad del proveedor de poner término a contratos en el caso que el consumidor rechace, o no se pronuncie frente a la propuesta de modificación de contrato que le efectúa el proveedor, es algo que no corresponde efectuar a través de la Potestad Reglamentaria de Ejecución“.
Además, en el marco de la consulta, el ministerio recibió los comentarios de varios actores del mercado, destacando el que realizó la Asociación de Bancos: “prohibir los ajustes de comisiones, o exigir consentimiento expreso, no son remedios eficaces contra el poder de mercado ni contra posibles conductas que afecten negativamente a los usuarios“.
Tarjetas de crédito
La cartera encabezada por Luis Felipe Céspedes también publicó la respuesta que emitió por la consulta de la modificación del reglamento sobre información al consumidor de tarjetas de crédito bancarias y no bancarias.
El ministerio sostuvo que “la propuesta de derogación deja plenamente a salvo las demás normas del ordenamiento jurídico que permiten que, en los contratos a plazo fijo, puedan pactarse cláusulas de renovación automática y que, en consecuencia, éstas produzcan el efecto acordado entre proveedor y consumidor“.
En este proceso, el comentario realizado por el Comité Retail Financiero señaló que “nos parece que el ministerio está inferfiriendo la libertad de contratación de las partes que no deja de estar presente en un contrato de adhesión“.
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
El ministro del Trabajo también anunció que se ingresarán nuevas medidas de adaptabilidad laboral en las próximas semanas e hizo un llamado a los empresarios a contratar trabajadores.