A pocas semanas de que se defina si una de las mayores operadoras del Transantiago, Subus, logrará evitar entrar en un proceso de liquidación o, por el contrario, viabiliza un acuerdo con sus acreedores, -en el marco de la reestructuración judicial que es liderada por el síndico Enrique Ortiz D’Amico y representada por el estudio de abogados Nelson Contador & Cia-, ya se comienza a barajar qué pasaría si se cae en el peor escenario.
Si esto llega a suceder, en la industria dicen que hay dos incógnitas: cómo se indemnizará a los 6.000 trabajadores y, segundo, cómo seguirán funcionando esos recorridos.
Fuentes conocedoras explican que para indemnizar a los empleados habría que contar con unos $ 27 mil millones, cifra que por ahora es imposible de recaudar. No obstante, si se declara la quiebra, con sólo la venta de los terminales de la empresa, que posee cinco ubicaciones -Recoleta, Libertadores, Santa Rosa, San José y Pie Andino-, se cubriría ese gasto.
Es que el precio de tasación de esos activos, a octubre de 2014, llegaba a $ 35 mil millones. El problema, indican fuentes conocedoras, es que hay que ver cómo se conjuga esto con que el Estado se haría cargo de esos terminales -al igual que de los buses- porque son bienes afectos al servicio, por lo que no podrían ser liquidados.
Eso complica a los trabajadores de la firma, dado que por ley, una vez declarada la quiebra ellos serían automáticamente desvinculados.
El plan de contingencia
Respecto a cómo se le da continuidad a los servicios que opera Subus, el gobierno ha venido avanzando en un plan.
Cada vez que hay ocurre un problema a nivel de operadores, las otras empresas deben poner a disposición sus buses para tratar de mantener la continuidad del servicio. Por ejemplo, cuando el año pasado los trabajadores de Subus paralizaron, entre todos los demás operadores alcanzaron a mitigar el efecto redestinando unos 300 buses, aunque la firma de capitales colombianos tiene 1.305.
“En el caso que exista una contingencia, el DTPM (que coordina el sistema) genera un plan para abordar el problema, en el cual se solicitan buses a los operadores, pero es importante señalar que los operadores no cuentan con buses ni conductores adicionales. En la práctica, lo que se hace es disminuir la dotación de buses en los diferentes servicios de manera marginal, para así generar un conjunto de buses que realice el apoyo y además no dañe la calidad de servicio de la misma unidad. La cantidad de buses para el apoyo dependerá en gran medida de la gravedad de la situación”, sostienen STP, una de los otros operadores.
Un directivo del sector comenta que pese a la ayuda que se preste por parte de las empresas, en la situación que Subus entre en liquidación y pare sus funciones, es imposible que se logre contar con todos los buses necesarios.
Una solución, dice otra fuente, es la figura de administrador provisional, así los usuarios no se verían afectados durante el traspaso y reestructuración de los servicios.
Desde el DTPM señalaron tener un plan de contingencia. “Como en todo proceso que pudiese generar alguna complejidad operacional del sistema y que esto afecte a trabajadores y usuarios, nosotros como Directorio hemos elaborado un plan de contingencia que esperamos no tener que activar”.
El complejo proceso de la operadora
Abril
La colombiana Fanalca, principal accionista de Subus (66,3%), envió una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando sus buenos oficios para solucionar las diferencias que tiene con la cartera de Transportes. Indicó que de no prosperar esas gestiones, se presentaría ante el (Ciadi).
Junio
Subus solicitó, en conformidad con la nueva Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, su reorganización judicial.
Junio
Subus lanzó duras críticas contra al gobierno. Incluso refutaron al ministro de Transporte, Andrés Gómez-Lobo, alegando que no estaban "pidiendo un salvataje".
Septiembre
Pese a que inicialmente sería en agosto, la junta de acreedores votarán propuesta de pagos el 7 de septiembre.
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