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Publicado: Viernes 11 de julio de 2014 a las 05:00 hrs.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión en contra de cuatro empresas proveedoras del mercado de asfalto -solicitando multas por unos US$ 10,6 millones- a las que acusó de acordar un mecanismo para asignarse la provisión de asfalto para la construcción, reposición y/o reparación de obras, rutas y faenas viales u obras privadas.
El requerimiento fue presentado por la FNE luego que Enex -ligada al grupo Luksic- se autodenunciara, utilizando el mecanismo de delación compensada, y acusara a Asfaltos Chilenos (ACh), Química Latinoamericana (QLa) y Dynal Industrial S.A. de haber realizado acuerdos contrarios a la libre competencia durante 2011 y 2012.
Enex señaló que a fines de 2012 recibió la denuncia por parte de un funcionario, la que fue investigada por la gerencia y luego el directorio, que finalmente decidió llevar el tema a la FNE.
“En el mes de noviembre de 2012, a través de los canales internos de control, uno de nuestros funcionarios denunció sus sospechas respecto a que en el negocio de asfaltos, un ejecutivo estaba involucrado en actos contrarios con nuestros principios de negocio y con la Ley de Defensa de la Libre Competencia”, dijo la firma.
En esa fecha, dice la FNE, Enex presentó una solicitud de delación compensada y aportó antecedentes “sobre la existencia y forma de operar de los acuerdos, con el objeto de optar al beneficio de exención de multa”.
Este es el primer caso de relevancia donde opera el mecanismo, que ya ha sido utilizado en dos oportunidades anteriores (caso contra Tecumseh Do Brasil y Whirlpool y empresas de transpotes en la ruta Santiago - Curacaví). La FNE pidió al TDLC eximir a Enex y multas por 5.000 UTA (unos US$ 4,6 millones) para Ach y QLa y de 1.500 UTA (US$ 1,38 millones) para Dynal.
En 12 meses, la tasa de desocupación registró una variación de 0,6 puntos porcentuales (pp.), debido al alza de la fuerza de trabajo (0,6%) y la nula variación de las personas ocupadas, informó el INE.
Según el CEO Luis Sepúlveda, muchas compañías están recurriendo únicamente a abogados para enfrentar la regulación, sin incorporar aún la capa tecnológica necesaria para cumplir en su totalidad con la regulación que entra en vigencia en 2026.