En marzo próximo, cuando se inicie un nuevo período legislativo, volverá a revisarse en el Congreso el proyecto que modifica la Ley de Isapres. Y en la industria están preocupados. El gerente general de la asociación gremial que representa a las aseguradoras de salud, Rafael Caviedes, explica que aunque la iniciativa es un aporte -en lo relacionado con la creación del IPC de la Salud-, la propuesta de un Plan Único Garantizado podría significar la salida de entre 500 mil y 700 mil personas del sistema. “Así como está estructurado el modelo, se está castigando especialmente a la familia. Una persona que tiene un grupo numeroso de niños saldrá claramente perjudicada con esta ley”, afirma.
Por lo mismo, plantea que pese a que el gobierno se ha negado a aceptar indicaciones, es necesario hacer cambios para equilibrar el sistema público con el privado, ya que Fonasa atiende al 80% de los chilenos. “Si el sistema estatal está preparado para recibir 500 mil personas, diría que no está preparado para recibir ni una persona más”, argumenta.
Judicialización de la salud
De acuerdo con Caviedes, el IPC de la Salud será un aporte para aliviar el trabajo que tienen los tribunales de justicia, por las múltiples demandas que existen en contra de las Isapres debido al alza de los precios en los planes. Por lo mismo, considera una buena idea dividir el proyecto en dos, es decir, que se legisle separadamente esta iniciativa de la del Plan Único Garantizado.
“Aproximadamente el 70% del trabajo que hace la Corte de Apelaciones está referido a las Isapres y eso no tiene ningún sentido. Por eso nos parece tan relevante que se separe esta ley y se regule esta materia del índice de precios para poder ayudar a los tribunales a desligarse de un problema de administración de justicia que no es menor” explica.