El ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió en la tarde de este lunes al fallo de la Corte Suprema, que revocó el beneficio por delación compesada otorgado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a CMPC y le aplicó una multa de US$ 15 millones a la compañía ligada a la familia Matte, al igual que a SCA, la otra empresa involucrada en el caso de la colusión en el papel tissue.
"El fallo de la Corte Suprema establece que el beneficio de la delación compensada no aplica para quien origina, organiza y obliga a los demás competidores a participar de la conducta anticompetitiva. Por esa razón, el fallo revoca el beneficio de la delación compensada a CMPC, dado que dicha empresa habría organizado y obligado a SCA a participar del cartel", explicó el ministro.
Pese a la setencia del máximo tribunal, el secretario de Estado defendió la importancia de la herramienta. "La delación compensada constituye la mejor herramienta para descubrir y desarticular colusiones, tanto en Chile como en el mundo entero. Para que la delación compensada cumpla su objetivo, esta debe contemplar los incentivos correctos para facilitar la entrega de información y así poder desbaratar colusiones y carteles", señaló el ministro.
El titular de Economía recordó que la figura del delator ha permitido detectar y desbaratar siete carteles en una década en el país y destacó que la autoridad continuará reforzando este mecanismo. "La agenda de Trato Justo seguirá incentivando, cada vez con mayores herramientas, el uso de la delación compensada. Nada más contrario a la libre competencia, a la transparencia y al bien común, que los carteles y colusiones. Por esa razón, nuestro gobierno no cesará de generar todas las acciones para perseguir tales delitos", comentó.
"Además de la delación compensada, la agenda Trato Justo incluye nuevas herramientas intrusivas, la incorporación de la figura del denunciante anónimo y el aumento del piso de las penas, todo lo cual generará no solo una mayor eficiencia en la búsqueda de ilícitos, sino también una mayor disuasión para evitarlos. Las conductas que atentan en contra de la competencia deben ser perseguidas y juzgadas, ya que no solo significan un beneficio mal habido, sino que además afectan negativamente a las personas que adquieren productos y servicios en el mercado", concluyó.
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