Por Paula Vargas y J.M. Villagrán
Luego de muchos intentos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por hacer que los ejecutivos representantes de las cadenas de pollos implicadas en la investigación por colusión de precios declararan, pudieron cumplir su objetivo.
Ahora que Carlos José Guzmán Vial (Agrosuper), Ismael Correa Rodríguez (Ariztía) y Juan Miguel Ovalle (Asociación de Productores Avícolas de Chile) declararon, queda esperar que lo haga el dueño de Don Pollo, Ramón Covarrubias. Desde ahora, no proceden las medidas dilatorias.
Lo que viene
Aún faltan las pruebas de testigos de la Asociación de Productores Avícolas (APA). Además, está pendiente la absolución de posiciones de Ramón Covarrubias, dueño de Don Pollo. Estas diligencias podrían tomar octubre y parte de noviembre.
Luego de la etapa probatoria, se debe fijar la fecha para los alegatos, plazo que el TDLC establece citando a las partes para ver las disponibilidades. Hasta 10 días antes de la fecha de alegatos, se pueden acompañar documentos e informes. Según fuentes del caso, lo anterior “hace suponer que los alegatos podrían tener lugar entre enero y marzo de 2014 y el TDLC podría emitir el fallo unos tres meses después”.
Los antecedentes del caso
Diciembre de 2011.
La FNE pide multas por US$110 millones contra Agrosuper, Ariztía y Don Pollo por colusión de precios: la entidad además solicitó la disolución de la Asociación de Productores Avícolas, pidiendo para ésta una multa por cerca de US$ 18 millones. Acusaron que prácticas se realizaban hace diez años.
Enero de 2012.
Las empresas niegan acusación: “Negamos tajantemente cualquier acuerdo colusivo”, dice la constestación de Agrosuper a la FNE. En tanto, Ariztía se defiende diciendo que la acusación de la fiscalía se basa en “datos erróneos”, y la defensa de la APA sostiene que sus actividades “han estado enmarcadas dentro de un rol estrictamente gremial”.
Marzo de 2012.
Se suspende la causa: APA solicitó esta medida al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), pues alegaban que la FNE no le había devuelto al gremio los documentos y elementos incautados en la investigación, razón por la cual, no podían preparar una adecuada defensa. En noviembre de 2012 se reanudó la causa.
Diciembre de 2012.
Ariztía pide al Tribunal Constitucional suspender el caso: Ariztía presentó ante el TC un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 29 del DL N° 211. Las disposiciones citadas compelerían al gerente general de Empresas Ariztía a declarar bajo juramento en el procedimiento seguido ante el TDLC, lo que sería inconstitucional. Luego de esto, el TDLC alcanzó a citar a testigos a declarar y en enero de este año, el TC le dio la razón a Ariztía y ordenó al TDLC suspender el Caso Pollos.
Abril de 2013.
Informes y contra informes: a partir de ese momento, la FNE (con un estudio de Galetovic, Sanhueza y Díaz) y luego las empresas han presentado una gran cantidad de informes, donde hay cuestionamientos cruzados, donde se refutan modelos econométricos y teorías usadas.
Agosto de 2013.
TC autoriza a la FNE para que lleve a declarar a altos ejecutivos de las empresas: el Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por Empresas Ariztía. Entre otras razones, el fallo del TC señala que no existe vulneración de la garantía de no autoincriminación en perjuicio de Ariztía, ya que dicha empresa, en tanto persona jurídica, no es titular de tal derecho, que sólo corresponde a personas naturales.
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