Se trata de uno de los primeros pasos para cumplir y bajar a tierra la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, mejor conocida como la "Ley Anti Permisología". A fines de marzo, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ingresó a Contraloría el decreto número 22, que -en simple- busca aliviar la carga de autorizaciones que enfrentan empresas y concesionarias del sector.
Fundado en los principios de “eficiencia, celeridad y certeza jurídica”, el escrito propone una vía alternativa para la entrega de permisos en lo que radica a la recepción de modificaciones de obras o instalaciones de telecomunicaciones consideradas de “bajo riesgo”.
¿Cómo? Abriendo paso a que dichos cambios puedan adquirir el visto bueno final de la Subtel a través de una declaración jurada, en vez de esperar una aprobación previa del organismo. Quedan excluidos, no obstante, aquellas modificaciones relacionados al despliegue por concursos públicos o el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
Consultada, la titular de Subtel, Romina Garrido, explicó a DF que el decreto busca facilitar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, “especialmente en zonas no conectadas o rurales, destrabando la permisología que históricamente ha retrasado la llegada de redes a estos territorio”.
Mediante el mecanismo propuesto, detalló, “las empresas podrán poner en servicio obras de telecomunicaciones de bajo riesgo, como ciertas instalaciones de fibra óptica, antenas y equipamiento de red de reducida envergadura, asumiendo la responsabilidad técnica del cumplimiento, sin esperar autorizaciones previas”.
Sumado al escrito ya ingresado, la titular adelantó que desde la Subtel están preparando un segundo conjunto de procedimientos, “consolidando un fast track que busca acabar con la burocracia digital y acelerar la conectividad en todo el país”.
La mirada de la industria
Desde la industria valoraron la medida. Daniela Castillo, vicepresidenta de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam, que hoy agrupa a empresas como ClaroVTR, Mundo, Huawei y OnNet Fibra) afirmó a DF que ven la movida como una “señal positiva”, pues avanza en “una dirección que la industria viene planteando hace tiempo: la necesidad de simplificar y modernizar la tramitación para el despliegue de infraestructura digital”.
A su juicio, hoy la industria se enfrenta a un cambio de paradigma, donde el desafío ya no es solo contar con conexión, sino tener acceso “conectividad efectiva, capaz de sostener más tráfico, resiliente, de menor latencia y de alto desempeño”.
En esta línea, explicó que la modificación propuesta apunta a simplificar procedimientos y beneficiar obras de adecuación, ampliación o mejora sobre infraestructura ya existente, “como extensiones de redes de fibra óptica, actualización de equipamiento tecnológico, reemplazo o reubicación de torres, mejoras de capacidad de colocalización o intervenciones menores sobre infraestructura ya desplegada”.
Y, a su juicio, “son precisamente este tipo de proyectos los que requieren rapidez para responder al crecimiento de la demanda digital y que muchas veces enfrentan tramitaciones desproporcionadas respecto de su nivel de riesgo“.
La rigidez existente hoy en el sector -que puede caracterizarse por procesos lentos, costosos e inciertos, según Castillo- afecta “la calidad de la conectividad y la capacidad de responder oportunamente a las necesidades de los territorios”.
A juicio de la Castillo, resulta crucial para la industria ”contar con reglas más ágiles y predecibles es clave para asegurar continuidad operacional, inversión y mejor calidad de servicio”.
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Catalina Vicuña
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