Renzo Vercelli tomó las riendas de AFP Capital en agosto de 2024, mientras se tramitaba la reforma de pensiones en el Senado. Por ese entonces, aún no había claridad de si habría ley o si el texto del Ejecutivo se sumaría a la lista de intentos sin éxito de otras administraciones.
Hoy, a un año y cuatro meses de asumir ese desafío, Vercelli tiene el reto de encausar la operación de la tercera mayor AFP de la industria -medida en activos administrados- en un momento crucial: la implementación de la reforma que aprobó el Congreso en enero de este año.
En las distintas instancias de debate público en que participa el CEO suele marcar sus puntos de vista, pero en su primera entrevista en el cargo, profundizó con DF sus ideas y definiciones: pide una ley corta para hacer algunos ajustes con el fin de que no haya errores en la puesta en marcha de la reforma.
“Costó tanto sacar esto, que por seis meses o 12 meses más, unas normas por aquí y otras por acá, no podemos correr el riesgo de fallar en la oportunidad. Eso es lo que más me preocupa, para que todo esto quede súper bien armado”, anticipó.
“Las nuevas autoridades (de Gobierno) tienen que preocuparse principalmente de la implementación y de las definiciones pendientes, que hay mucho en juego ahí”.
- ¿Cómo ha visto el proceso de implementación de la reforma?
- Hay muchas definiciones que son súper relevantes para el éxito. Esta reforma trae un pack que es bien único. Es un complejo mix que se implementa en poco tiempo, no hay experiencias internacionales comparadas y que mal definidas o incorrectamente implementadas, podrían tener un impacto bien negativo en las pensiones.
Me refiero a la combinación del cambio en los fondos generacionales, la licitación del stock del 10% y la definición de benchmark con premios y castigos. Todo eso ocurre traslapadamente y vemos que hay riesgos de que esto quede mal definido de manera bien relevante.
Procesos traslapados
- ¿Ve muy ajustados los plazos?
- Los cambios a los fondos generacionales se implementarán en abril de 2027. El primer traspaso de afiliados por la licitación de stock es en junio de 2028, pero por ejemplo, el primer mes que empieza a considerarse para la medición de premios y castigos es abril de 2028. O sea, se traslapan la implementación de fondos generacionales, la licitación de stock y la definición de nuevos benchmark con premios y castigos.
Y, sobre todo en un contexto de un nuevo Gobierno, las autoridades deberían poner mucho foco en la implementación y en las definiciones pendientes. Algunas son del regulador, pero otras requieren una ley corta.
- ¿Cuáles?
- Nuestra propuesta es separar más la implementación de los fondos generacionales respecto a la licitación de stock mediante una ley corta que retrase en 12 meses la implementación de la licitación.
- O sea que el primer traspaso de cartera sea a mediados de 2029...
- Sí. Porque son muchas cosas que ocurren de manera simultánea, donde los cambios no son inocuos. Y, además, que esa ley corta aproveche de resolver cosas que quedaron mal diseñadas en la reforma, probablemente porque en la última parte, sobre todo pensando en diciembre (2024) y en enero (2025), se tramitó muy rápido, hubo poco tiempo para la discusión y estaba la premura de aprobar esto antes del receso legislativo. Hay cosas que quedaron mal definidas que son malas para el afiliado.
- ¿Cuáles, por ejemplo?
- La pérdida temporal del beneficio por año cotizado para quienes retrasen la pensión. Si un hombre la posterga a los 67 años, hay dos años que no va a recibir el bono por año cotizado y eso no creo que haya sido una intención, fue algo que quedó mal definido porque se pasó.
Otro ejemplo es que es bien ineficiente la herencia del aporte por rentabilidad protegida frente al fallecimiento. Si una persona fallece, los herederos primero tienen que pagar impuesto a la renta por todo el saldo, pero lo reciben en las mismas cuotas pendientes, lo cual es ineficiente.
“No hay espacio para entrar a modificar un acuerdo que fue muy transversal y ahora tenemos que preocuparnos de que la implementación salga perfecta”, argumentó el gerente general sobre su propuesta de impulsar cambios específicos a través de una ley corta.
Hay otro aspecto que no entendemos: ¿Por qué hay que cambiar los auditores cada tres años? Eso no se ha visto en ninguna industria.
Además, el desistimiento de la licitación de stock debiera ser opt in y no opt out. Que la persona tenga la opción de irse, sobre todo pensando en que en una licitación hoy tenemos aproximadamente un 50% de los afiliados que no cotizan.
Por lo tanto, vas a mover personas que no se van a ver beneficiadas por una menor comisión y se pueden ver perjudicadas por una menor asesoría y menor servicio ocasionado por menores comisiones.
- ¿Lo que plantea es que se le pregunte a la persona si quiere participar del grupo licitado?
- Exacto. Tenemos claro que la licitación es una mala política pública porque no mejora pensiones. La pensión se construye con rentabilidad y con asesoría. Una menor comisión solamente aumenta el sueldo líquido.
Por lo tanto, partiendo de la base de que es una mala política pública, dado que ya está en la ley, por eso hablamos de una ley corta que vaya a cosas puntuales y solo con el interés para que esto sea bien implementado y en beneficio de los afiliados. Ese es el objetivo de nuestra propuesta de una ley corta.
- O sea, si bien les parece que no es una buena idea, no están en una lógica de echar abajo la licitación…
- No hay espacio para entrar a modificar un acuerdo que fue muy transversal y ahora tenemos que preocuparnos de que la implementación salga perfecta, que las definiciones pendientes sean las correctas y que se hagan los ajustes legales necesarios en pro de mejorar las pensiones.
- ¿Al presentar una idea de ley corta no se corre el riesgo de reabrir el debate en el Congreso?
- Si es una ley corta técnica, no ideologizada y donde hay un beneficio directo en los pensionados y en la implementación, vemos que el riesgo es acotado.
“Sobre los traspasos (de activos), la gran duda está en los alternativos. Nos hemos juntado con muchos abogados y contrapartes, hemos identificado 13 motivos por el cuales un gestor de alternativos perfectamente podría negarse al traspaso”.
El regulador
- ¿Cómo debiese ser el rol que tenga el próximo Gobierno?
- Las nuevas autoridades tienen que preocuparse principalmente de la implementación y de las definiciones pendientes, y hay mucho en juego ahí.
- En marzo, una de las decisiones que tomará el próximo Gobierno es la continuidad del regulador. ¿Qué evaluación tiene y qué se requiere en esta etapa?
- No nos corresponde como AFP Capital referirnos al regulador y menos por la prensa. Existen los conductos regulares y legales para que haya comunicación entre los reguladores y las AFP y nos quedamos con esos conductos.
- Hasta ahora, ¿se han sentido escuchados por parte de la Superintendencia de Pensiones en el proceso de puesta en marcha?
- Sí, pero las conversaciones con la Superintendencia han sido muy operativas hasta ahora y aún no se acercan a las definiciones importantes que pueden afectar a las pensiones futuras.
- Respecto del benchmark, la interpretación más general sobre la ley es que se dejó en manos del regulador, pero hay algunos actores que creen que las AFP podrían definir su glidepath con validación de la Super. ¿Cómo lo ve?
- Tenemos la interpretación de que el benchmark tiene que ser aprobado por la Superintendencia y, por lo tanto, hay un espacio para que las AFP puedan hacer la propuesta y el regulador las apruebe, como ocurre en México.
Si tenemos benchmarks muy granulares y con bandas angostas, vamos a tener poco manejo para enfrentar eventos de volatilidad y la industria se empieza a comoditizar.
Traspaso de alternativos
- ¿Qué riesgos ve en los traspasos en la licitación?
- Sobre los traspasos, la gran la gran duda está en los activos alternativos. Nos hemos juntado con muchos abogados y muchas contrapartes, hemos identificado 13 motivos por los cuales un gestor de alternativos perfectamente podría negarse al traspaso y hay que reconocer que, en ese traspaso, la última palabra la tiene el gestor. No es un tema de voluntad, sino que es un tema contractual.
Hoy, nosotros tenemos un poco más de 80 inversiones (en alternativos). En aproximadamente la mitad de ellas, hay compromisos pendientes de pago. Ese es uno de los 13 motivos que identificamos por los cuales un general partner podría decir: ‘sabes qué?, no quiero tener riesgo de crédito de otra contraparte’.
Es un problema más estructural y por eso nuestra propuesta es que los activos alternativos debieran declararse intransferibles.
“Me cuesta pensar que (un nuevo retiro) pueda tener un apoyo transversal y una disposición final del Gobierno para no imponer un veto”
La conformación del Congreso para el período legislativo 2026-2030, específicamente de la Cámara de Diputados, donde el Partido de la Gente (PDG) sorprendió al quedarse con una bancada de 14 diputados, ha sido comentario obligado a nivel político.
En el mundo técnico también captó la atención, con la preocupación de que pueda reabrirse el debate de los retiros de fondos previsionales, sobre todo, considerando el peso que pueda tener en la bancada del PDG la diputada Pamela Jiles, impulsora de esa iniciativa.
Consultado sobre si le preocupa que pudiera levantarse la discusión en torno a esta temática, Vercelli manifestó que “independiente de que se pueda levantar -porque muchas veces los temas se levantan también como una forma de negociar-, creo que hay bastante consenso político del daño que generaron los tres retiros, con un alza de la inflación, en las tasas de créditos hipotecarios y eso lo sufrió fuertemente la clase media”.
El CEO de AFP Capital expresó que “me cuesta pensar que una iniciativa en esa dirección pueda tener un apoyo transversal y una disposición final del Gobierno para no para no imponer un veto”.
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María Paz Infante
