El llamado Caso Caval debe ser, por lejos, uno de los mayores dolores de cabeza que ha tenido que enfrentar el Banco de Chile en el último tiempo. Esto debido a que el otorgamiento del crédito a Caval -sociedad donde es socia la nuera de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, Natalia Compagnon-, por unos $ 6.500 millones, sometió, de paso, al grupo Luksic al escrutinio público.
Además, también habría dejado en evidencia la necesidad de perfeccionar la normativa local en lo referido a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) y cómo los bancos establecen mayores controles a la hora de operar con ellos.
Esto, a pesar de que, irónicamente, la operación no cae dentro de esa categoría. La Circular N° 49 de la UAF establece que son PEP "los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas" incluyendo a parientes hasta de segundo grado de cosanguineidad. Y al momento de solicitar el crédito, Sebastián Dávalos no era socio de la compañía, sino un empleado.
Sin embargo, cada entidad puede definir una base más extensa para esta categoría, que es lo que sucede con el Chile.
En el país existen unas 11.000 personas que caen dentro de esta categoría, de las cuales una gran proporción son clientes del Banco de Chile.
Por ello, decidieron perfeccionar protocolos para estos casos, y actualmente los cambios se encuentran en etapa de revisión por parte de los gerentes de cada división, y se espera que sea aprobado en las próximas semanas.
Las mejoras
A grandes rasgos, lo que estaría buscando la entidad es contar con un procedimiento que distinto para, por ejemplo, empresas en las que aunque no sea socio, si un PEP es empleado, la compañía sea sometida a procesos distintos.
Además, se buscaría formalizar ciertas situaciones, como por ejemplo las reuniones con relacionados a PEP, estableciendo que debe haber un determinado número de ejecutivos de alto rango presentes, debido a que, según comentan fuentes conocedoras de esta revisión, actualmente existe un riesgo reputacional que antes no existía.
También se definirán nuevamente los niveles gerenciales o comités que deben revisar una operación -de acuerdo a los distintos niveles de PEP- y aprobarla o rechazarla.
La respuesta de la SBIF
Al ser consultada la SBIF, respondió que en este caso se dio cumplimiento de la normativa PEP asociada, "aún cuando estrictamente la operación no califica como PEP", y se verificó el cumplimiento de la normativa prudencial atingente, en particular márgenes de crédito y riesgo de crédito. "Sin perjuicio de todo lo anterior, hemos señalado que la operación no se ajusta a la prudencia en los negocios que este organismo espera de las instituciones fiscalizadas y, por lo tanto, será un antecedente que se incluirá en la evaluación anual que realizará la SBIF a esta institución", afirmaron desde el regulador.
SBIF lanzará normativa para "personas políticamente expuestas"
El superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Eric Parrado, adelantó que están trabajando en el perfeccionamiento de la norma de los PEP (personas políticamente expuestas). "Probablemente en los próximos días lo vamos a poner en consulta, para recibir comentarios del mercado, para luego poder publicarla durante el año", aseguró el regulador.
"No hay que demonizar el tratamiento de las personas políticamente expuestas, pero simplemente hay que poner pisos mayores. Uno de los aspectos fundamentales es el rol de los directorios (de los bancos) respecto a los PEP, que estén constantemente informados de quiénes son los PEP que están trabajando con sus bancos y otro aspecto importante es que el resumen de las principales de las principales recomendaciones de la política que tengan los propios bancos estén publicadas en sus páginas web, para que cuando alguien quiera revisar antes de hacer un negocio con el banco sepa a qué atenerse y cuáles son las reglas del juego respecto al PEP", explicó.
El regulador insistió en que "uno espera que la prudencia prime (...) y que las restricciones, regulaciones o procesos sean más formales que el piso mínimo", expresó.
¿La norma regulará a los "hijos de" PEP? Parrado responde que "eso dependerá de cada entidad financiera o bancaria. Queremos que las políticas del banco en PEP sean públicas para todos. Eso puede incluir que frente al tratamiento de un PEP, por ejemplo, los casos suban a un comité mayor (instancia que ya existe en el Banco de Chile) y eso puede ser homogéneo en el sistema bancario o no".
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