Proyecto de AFP estatal defiende legitimidad de invertir en empresas públicas
Respecto del encaje, la administradora estará sujeta a las mismas reglas que las otras empresas, salvo cuando sean firmas estatales.
Por: Fernando Aspillaga
Publicado: Miércoles 18 de junio de 2014 a las 05:00 hrs.
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Finalmente ayer se ingresó a Primer Trámite Constitucional en la Cámara de Diputados el proyecto de ley por el que la presidenta de la República, Michelle Bachelet, busca crear una AFP estatal.
Dentro de los puntos más importantes, el documento detalla que la administradoras del Estado estará sometida a las mismas reglas que cualquier sociedad anónima, sin embargo, quedaría exenta de la norma que prohíbe al resto de las entidades invertir en empresas relacionadas o pertenecientes a su controlador.
Del mismo modo, especifica que deberá mantener, como requisito, un “activo denominado encaje, equivalente a un uno por ciento de cada fondo”, y las inversiones de ese activo estarán sujetas a las mismas disposiciones que las demás AFP, salvo respecto de aquellas inversiones en títulos y documentos financieros de cualquier naturaleza (...) cuando fueren garantizados por Banco Estado o cuando se trate de empresas públicas”.
Uno de los argumentos que consigna el proyecto, es que “resulta fundamental considerar la naturaleza distintiva de los títulos y documentos financieros emitidos por la Tesorería General de la República, el Banco Central y los bonos emitidos por las empresas públicas”.
Frente a lo anterior, agrega que a febrero de este año, las inversiones de las AFP en títulos emitidos por Tesorería promediaron un 21,5%, y en bonos emitidos por empresas estatales, un 5,1%, del cual un 3,85% corresponde a instrumentos de Banco Estado, dice el documento.
De ahí que el Ejecutivo enfatiza que “el no permitir a la AFP del Estado invertir en dichos instrumentos, la dejaría en una posición muy desmejorada respecto de las demás administradoras”.
Gobierno corporativo
Otro punto que detalla el proyecto es la elección del directorio de la administradora, el que estará compuesto por siete miembros, tres de los cuales serán elegidos directamente por el presidente de la República, y los cuatro restantes mediante una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública, con el voto favorable de cuatro quintos de sus miembros, y también nombrados por el mandatario de turno.
Estas ternas deberán ser presentadas por el Consejo al presidente de la República “con una anticipación de, a lo menos, 60 días a la fecha en que haya de producirse la expiración del plazo en el cargo del director respectivo”, dice el documento, que además consigna que se podría recurrir a figuras similares a las de un head hunter para la búsqueda de los candidatos.
Sobre los requisitos que se requieren para ocupar el cargo de director, se encuentran tener un título profesional de una carrera de, a lo menos, diez semestres de duración, entre otros.
Los detalles del proyecto de ley
Régimen de inversiones La administradora estatal quedará exenta de la prohibición de invertir o contratar "títulos y documentos financieros relacionados con el grupo empresarial, el controlador o las personas jurídicas relacionadas", dice el documento.
"Sólo en la medida que se incorpore la exención a dicha prohición se garantizará la efectiva igualdad de condiciones para que la AFP del Estado opere respecto del resto de las administradoras".
Composición del directorio Estará compuesto por siete miembros, de los cuales tres serán elegidos por el presidente de la República, y los cuatro restantes, propuestos por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Actividad empresarial El Fisco, representado por el ministro de Hacienda, y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), constituirán, dentro del plazo de diez meses contado de la entrada en vigencia de la presente ley, una sociedad anónima que se denominará "Administradora de Fondos de Pensiones del Estado S.A.", consigna el proyecto de ley. El capital inicial de la sociedad será de no más de US$ 70 millones. La Corfo tendrá una participación del 99% y el Fisco un 1%.
Fiscalización Como una manera de demostrar la igualdad ante la ley con el resto de las AFP, la administradora estatal estará sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, la Superntendencia de Valores y Seguros, y la Contraloría General.
Surgen dudas en bancadas oficialistas y de oposición por no dar solución a temas de fondo
Los diputados Tucapel Jiménez (PPD), Felipe de Mussy (UDI), y Patricio Vallespín (DC), todos miembros de la Comisión de Trabajo de la Cámara, se mostraron abiertos a dialogar sobre el proyecto AFP estatal.
Sin embargo, el diputado de Mussy dijo no estar de acuerdo con crear una empresa estatal que no soluciona el actual problemas de las bajas pensiones.
"Uno creería que porque hay una AFP estatal, lo van hacer de forma eficiente, sin fines de lucro, y que por ende van a bajar las comisiones, y por otro lado aumentar las pensiones. Nosotros estamos convencidos de que eso no va a ser así", dijo el parlamentario de oposición.
A lo que agregó que, tras crear una empresa estatal, se va a dar "espacio para temas políticos... al final, todos los funcionarios nuevos probablemente van a ser de colores políticos y finalmente las pensiones van a seguir siendo las mismas de siempre".
Por su parte, Jiménez concuerda en que el proyecto no será una solución al problema, pero sí "es un avance para el cambio estructural que se tiene que hacer".
Además, añadió que el ingreso del actor estatal a ese mercado llegará a competir con el poder económico que hoy manejan "ciertas" AFP.
Respecto del espacio al diálogo sobre la inciativa del gobierno, el parlamentario PPD sostiene que "yo espero escuchar a todas las personas que tengan que dar una opinión respecto al proyecto".
En tanto, desde la bancada democratacristiana, el diputado Patricio Vallespín comenta que pese a recibir bien el proyecto de AFP estatal, "hay que hacerlo y conciliarlo con las principales conclusiones que dé la comisión de previsión que se ha constituido".
Además, al igual que su par PPD, destacó la competencia que se generará en la industria de las administradoras.
Consultado sobre la recepción del proyecto en la Cámara, Vallespín comenta que hay de todo, "hay quienes creen que de alguna u otra manera esto puede significar que se dimita cualquier modificación más sustantiva a este tema previsional".
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