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REGÍSTRATE AQUÍDisciplina abordada desde tradicionales oficinas jurídicas en los puertos profundiza su migración a Santiago, siguiendo a las matrices de las navieras.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 3 de abril de 2017 a las 04:00 hrs.
Se podría asumir que el derecho marítimo es una especialidad que, por su naturaleza, sólo se ejerce en regiones. Sobre todo, en aquellas que tienen puertos importantes. Sin embargo, de a poco también han cedido al centralismo.
Abogados que representan a distintos actores coinciden en que la tendencia ha sido la migración paulatina del negocio naviero desde Valparaíso hacia Santiago. Así, estudios tradicionalmente dedicados a la especialidad han abierto oficinas en Santiago, explican varios de los entrevistados.
Leslie Tomasello Weitz, socio del estudio Tomasello, cuenta que tienen oficina en la capital desde hace unos 10 años y que durante la semana pasa varios días en ella, en un ritmo de trabajo que todos replican. No obstante, hay labores que se harán siempre en puertos y terminales, como los arraigos y las inspecciones, acota.
Por su parte, Claudio Barroilhet, académico de la U. Católica de Valparaíso, dice que no se puede hablar de “Valparaíso vs. Santiago”, porque ambas ciudades se unen muy rápido y se complementan, hay que tener en consideración que en el puerto quedan la Autoridad Marítima, Aduanas y la Armada, además de la mitad de los litigios, lo que hace más difícil la migración total.
Más bien, Barroilhet es de los que piensan que el futuro está en ejercer la profesión de forma remota. “Creo en el abogado virtual. Por ejemplo, ahora estoy atendiendo un caso de Chiloé”, grafica.
Rafael Durán, socio de Durán & Cía, tiene otra visión de la migración. Aduce que desde que se construyó el Canal de Panamá el comercio de Valparaíso, en general, fue disminuyendo, y más tarde, las principales navieras y empresas logísticas fueron cambiando sus casas matrices a Santiago, dejando a Valparaíso como sucursal.
Siguiendo el hilo histórico, Paul Maxwell, socio del estudio Mackay y profesor de la Academia de Guerrra y de la U. Andrés Bello, cuenta que en 1988 comenzó a regir el nuevo Libro III del Código de Comercio, todavía vigente. Y luego de ese hito vinieron otros, como que las dos navieras más grandes del país fueron cambiando de propiedad: gran parte del negocio de la Compañía Sudamericana de Vapores fue vendido a la alemana Hapag Lloyd y la CSAV acotó su giro y redujo su personal. La otra empresa es Interoceánica, que fue adquirida por Hamburg Süd y, recientemente, por la danesa Maersk.
Esos movimientos trajeron aparejados cambios en el trabajo jurídico. En dirección contraria, Hapag Lloyd se instaló en el tradicional edificio de Pza. Sotomayor 50 y tiene a su departamento legal trabajando en Valparaíso, cuenta Javier González, ex CSAV. En él hay abogados corporativos, que se distinguen de los que se dedican a “claims y seguros”.
Los “maritimistas”, como los llama Maxwell, son pocos y se conocen muy bien: algunos vienen de familias de abogados que llevan 130 años en el rubro y otros se han ido integrando al salir de la universidad. “Es un mundo pequeño. No es un área fácil de entrar, porque es bastante cerrado”, opina uno de los entrevistados.
Aparte de la necesidad imperativa de hablar inglés —los clientes son extranjeros y los contratos tipo vienen en ese idioma—, lo que ya constituye un filtro, la formación doctrinal se hace eminentemente en las universidades Católica de Valparaíso, de Valparaíso, Adolfo Ibáñez y Andrés Bello, estas últimas con campus en Viña del Mar.
En esta rama jurídica, que para algunos es una subespecialidad del derecho comercial, hay distintas formas de ejercer la profesión legal. Existen las navieras y sus fiscalías, junto a los estudios de abogados que defienden sus intereses y, en la vereda contraria, están aquellos que defienden “la carga”: importadores y exportadores. También están las aseguradoras, que aquí se llaman “clubes de P&I” (proteccion and indemnity, en inglés) y que son mutuales de armadores, que no persiguen fines de lucro. Se añaden al puzzle los jueces árbitros, que por ley son la primera instancia ante un conflicto.
La iniciativa está dirigida a universidades, institutos, centros de investigación y startups, con foco en soluciones para mejorar la seguridad y vida útil de los alimentos, economía circular, procesos productivos y sostenibilidad.
Acusan serias deficiencias en la calidad de los departamentos entregados en 2024. La inmobiliaria a cargo respondió que “desde que entregamos las primeras viviendas del lote B, hemos atendido los requerimientos e inquietudes de los vecinos, y lo seguiremos haciendo a través de nuestro servicio de postventa”.
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