Sus primeros hitos en el marco de la evaluación ambiental está concretando el proyecto H2 Magallanes de la compañía multienergías Total Energies H2, la inversión más alta ingresada en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con un desembolso estimado de US$ 16 mil millones.
Tras ingresar el 5 de mayo, la iniciativa ubicada en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, que contempla la producción de amoníaco verde a partir de hidrógeno renovable (H2V), destinado principalmente a la exportación, sorteó la valla de un término anticipado y el jueves se publicó el primer Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o ampliaciones al EIA (Icsara). Y alista otro paso: el fin de la participación ciudadana el 20 de agosto.
Si bien la respuesta (adenda) al Icsara -texto que consolida los comentarios de los organismos del Estado con competencia ambiental- se debe entregar hasta el 23 de septiembre, la empresa pediría una prórroga de varios meses debido al detalle de las observaciones y la escala del proyecto.
De todas los comentarios presentados por los organismos, destacó la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Pero también sorprendió un fuerte cuestionamiento desde la Municipalidad de San Gregorio y el gobierno regional.
“No aceptaremos una evaluación superficial que subestime los impactos profundos en nuestra conectividad, seguridad, tradiciones y calidad de vida”, dijo la edil de San Gregorio.
Conaf plantea parte importante de sus observaciones en torno al Parque Nacional Pali Aike, que es colindante al proyecto. Solicita incorporar este parque dentro del área de influencia de áreas protegidas y entregar el respectivo análisis que fundamente la inexistencia de impactos sobre los objetos de protección de dicha zona. En el área de influencia del componente fauna silvestre, pidió incluir la fauna objeto de protección del Parque Nacional, especialmente el guanaco, puma, zorro gris y ñandú, entre otras. Y se indica que la evaluación del paisaje “adolece de falencias fundamentales, por lo que la predicción y evaluación de impactos no están bien considerados”.
Conaf requiere incorporar un Plan de Emergencia para Incendios Forestales y califica como “inviable” el compromiso ambiental voluntario cuyo objetivo es generar un convenio con las autoridades que administran el Parque para desarrollar, habilitar y/o mejorar infraestructura dentro de este. La entidad asegura que no es posible de realizar dentro del Parque, “entendiendo que otorgar la posibilidad de dar cumplimiento a la medida, es en hecho traspasar recursos administrados por esta Corporación al titular”.
US$ 16 mil millones es la inversión del proyecto.
El CMN valoró ciertos aspectos, pero también hizo demandas. Destacó que el área de emplazamiento del proyecto corresponde a una zona de alta sensibilidad arqueológica, debido a su cercanía de sitios como el Sitio Cueva Fell y Pali Aike, en la ribera del río Chico. En relación con los monumentos Faro Posesión y Cementerio de Posesión, indica que se emplazan a pocos metros de dos aerogeneradores que pueden alcanzar hasta 183 metros de altura (en su condición más extensa, entre aspa y estructura). Y se solicita reevaluar el impacto del proyecto sobre el componente “monumento histórico”, calificado en el estudio como no significativo.
Además, si bien el titular presenta la evaluación de impacto del componente paleontológico clasificándolo como “no significativo”, se solicita reevaluar este componente como “significativo”. Esto, “en vista de que el área a intervenir posee una gran sensibilidad paleontológica” y una “alta probabilidad de hallazgos”.
Autoridades políticas
Pero el 24 de junio la alcaldesa de la Municipalidad de San Gregorio, Jeannette Andrade, lanzó un duro dardo. Manifestó su rechazo a la “actual insuficiencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en la evaluación de una serie de impactos ambientales significativos que el proyecto generará en nuestro territorio y sobre nuestros habitantes”.
“San Gregorio, con su identidad forjada en la actividad pecuaria, un incipiente desarrollo turístico y una estructura comunitaria particular, no puede ser un mero escenario para la inversión”, sostuvo la edil.
Añadió que el proyecto generará unas alteraciones significativas de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos y que “los impactos proyectados sobre la circulación, conectividad y tiempos de desplazamiento son de tal magnitud y duración que exigimos una reevaluación profunda del Estudio”.
“No aceptaremos una evaluación superficial que subestime los impactos profundos en nuestra conectividad, seguridad, tradiciones y calidad de vida”, sentencia.
En tanto, el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena se pronunció en forma desfavorable sobre el EIA porque “El titular no realiza análisis de relación del Proyecto con el Instrumento de Planificación Regional, Política Regional de Desarrollo Social y Humano 2024-2030”.
Mientras, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) indicó que, dado que los aerogeneradores proyectados superan los 150 metros de altura, se consideran obstáculos para la navegación aérea.
Desde la Secretaría Regional Ministerial de Salud, se solicita informar si existen experiencias internacionales de instalaciones de almacenamiento de hidrógeno y amoníaco con una capacidad similar a la propuesta en este proyecto y si éstos son efectivos en minimizar riesgos asociados a posibles accidentes tecnológicos.
En transporte, la Dirección de Vialidad considera necesario profundizar sobre actividades de transportes especiales, considerando que el proyecto accede por las más importantes rutas regionales.
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Karen Peña
