A fines de julio, un grupo de 49 cargadores de la Zofri presentaron una demanda contra el Fisco de Chile y la sociedad que administra la Zona Franca de Iquique (Zofri) ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, acusando que las demandadas “han incurrido en una simulación de contratación de trabajadores a través de terceros, atribuyendo una falaz e irreal condición de empleador a las empresas usuarias del sistema franco”.
En el recurso explican que en 2010 los hicieron firmar “documentos intitulados Contrato de Trabajo, en que se señala como empleadora a diversas empresas usuarias, que, en la verdad de los hechos, no obedecen a tal concepto, pues el beneficiario de nuestras labores, es el sistema franco, administrado por la demandada Zona Franca de Iquique Sociedad Anónima”. A raíz de ello piden al tribunal que señale claramente que el Fisco de Chile es la empresa principal o mandante y que la verdadera empleadora es Zona Franca de Iquique Sociedad Anónima.
En el texto del recurso detallan que las condiciones de trabajo de los cargadores de Zona Franca “constituyen el paradigma de la precarización laboral y de la ausencia del empleo decente (...) La situación referida fue tolerada con una buena dosis de resignación e impotencia por parte de los cargadores lo que llevó a una huelga en noviembre de 2016”, porque, por ejemplo, nadie respondía por accidentes de trabajo, no había pago de cotizaciones o lugares de descanso, lo que se mantiene hasta hoy.
Como respuesta a esa movilización, en 2017 se constituyó una Empresa de Servicios Transitorios, Loader SpA, que en dos años, según el escrito, “se descascaró, dejando entrever la realidad de precarización de las relaciones laborales de los cargadores, pues luego de la desaparición de la irreal y fallida Empresa de Servicios Transitorios, los dependientes han de suscribir pasajeros Contratos de Trabajo directamente con las firmas usuarias”.
Asimismo, explicaron que “la demandada, Sociedad Administradora de Zona Franca de Iquique Sociedad Anónima ejerce un control directo sobre el quehacer de los cargadores, lo que se refleja en la redacción de los contratos de trabajo, que se mantienen en formato en la plataforma de los usuarios, como también en la extensión de credenciales y control de autorizaciones para el ingreso al recinto y trabajo”.
Para el 14 de octubre, el tribunal fijó una primera audiencia con todas las partes.
Al respecto, el Presidente del Directorio de ZOFRI S.A., Iván Berríos Camilo, dijo que “estamos conscientes que la situación de los cargadores forma parte de otro gran motivo por el cuál insistimos en que la renovación de la concesión debe establecerse lo antes posible, por cuanto en el nuevo marco de acción, se debiera regular y delimitar sus intervenciones, ya que no es posible imaginar una transformación sin dignidad laboral”.
En este sentido, Berríos indicó que el contrato actual no considera los resguardos necesarios hacia los prestadores de servicios de carga y descarga del sistema franco, y a pesar de que se han hecho los esfuerzos para formalizar su actividad, con las condiciones del contrato actual se ha hecho imposible generar soluciones significativas.
“Ahora bien, debo señalar que si bien los cargadores prestan servicios a las empresas usuarias de la Zona Franca de Iquique, por ende, su relación o vínculo directo es con ellos y no con la Sociedad Administradora, que es la concesionaria del sistema franco, desde el 2024 hemos realizado mesas de trabajo con sus sindicatos, usuarios, la seremi del Trabajo y Previsión Social, más otros actores locales para contribuir a mejorar sus condiciones laborales y de empleabilidad”.
Finalmente, el Presidente de ZOFRI enfatizó que “en el marco de nuestro Plan Estratégico y de Modernización estamos promoviendo un nuevo modelo de carga y descarga, que apunta a tener más tecnología, trazabilidad, optimización de los tiempos, lo que traerá mayor seguridad, en todo ámbito para los usuarios y cargadores”.