La Subsecretaría de Pesca de este Gobierno siempre tuvo clara su misión. “El país necesita restablecer la confianza en la normativa que rige el sector pesquero, a través de una nueva ley cuya generación se fundamente en estándares éticos que no pongan en duda su legitimidad”, dice el sitio institucional creado exclusivamente para seguir el proceso de la nueva Ley de Pesca.
Así, el abogado Julio Salas se convirtió en el encargado de encabezar este proceso. Durante su gestión en la Subsecretaría ha recalcado que el objetivo es borrar la sombra que el caso Corpesca dejó sobre la regulación vigente y ha iniciado un proceso de diálogos con el sector, tras el cual se busca presentar un borrador del proyecto.
“Ninguna legislación pesquera en Chile ha surgido desde una ‘hoja en blanco’, sino que ha sido fruto de una historia, de evaluaciones y aprendizajes”, dice la presidenta de Asipes.
El 21 de septiembre comenzaron los encuentros locales, con decenas de reuniones entre autoridades y pescadores artesanales en el país. A mediados de diciembre, el Gobierno afirmaba haberse juntado con casi 4 mil pescadores de 419 caletas.
A fines de diciembre llegó el turno de la industria, con quienes ya se han realizado cinco de los siete encuentros pactados, en Punta Arenas, Iquique, Coquimbo, Caldera y en la Región del Biobío. Esta semana, simultáneamente, se realizarían un segundo encuentro en esta región y otro en Aysén, donde participaría el ministro de Economía, Nicolás Grau.
El presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Osciel Velásquez, califica las reuniones como positivas y dice que han permitido a las autoridades conocer las distintas realidades regionales y mostrar la recuperación de las pesquerías industriales, la incorporación de tecnologías y prácticas sustentables y el encadenamiento productivo que genera la actividad.
El subsecretario Salas dice que las conversaciones han sido cordiales y que hay materias de la normativa actual que a las empresas le gustaría resguardar, algo que al Gobierno le parece lo “más predecible de estos diálogos”.
Sin embargo, para Salas, la parte “más interesante” ha sido conocer los proyectos empresariales futuros: “No tenemos solo la imagen del sector industrial como defensor de la normativa actual, sino también muy interesado en que se aborden diferentes contenidos que hoy no son parte”, dice el abogado.
Como ejemplos, Salas menciona compañías que han mostrado intenciones de apostar por plantas de procesos para consumo humano o desarrollar la actividad en lugares donde hoy no se realiza, como aguas internacionales o antárticas.
Prioridades de la industria
La Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes), uno de los principales gremios del sector, se reunió con el subsecretario el pasado jueves. Para Macarena Cepeda, su presidenta, una de las grandes preocupaciones es que se mantengan las Licencias Transables de Pesca y la distribución de las pesquerías entre artesanales e industriales, que fueron negociadas entre estas partes durante la elaboración de la actual normativa y tienen vigencia hasta 2032.
“Siempre el legislador y la autoridad sectorial ha reconocido el valor de lo precedente y observando con atención qué ocurre en el mundo pesquero internacional y las recomendaciones de organismos expertos. Es decir, ninguna legislación pesquera en Chile ha surgido desde una ‘hoja en blanco’, sino que ha sido fruto de una historia, de evaluaciones y aprendizajes”, postula la dirigente.
Fuentes del rubro señalan que estas preocupaciones han nacido por la alta cantidad de reuniones que se han dedicado a artesanales en comparación a la industria y que el propio Ministerio define como un principio central del proyecto “una distribución justa y equitativa de los recursos pesqueros”.
Por otro lado, Marcos Gómez, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte Grande (Asipnor), afirma que sus propuestas han estado ligadas a aspectos educacionales, de formación de capital humano e innovación para el sector.
“En general vimos una buena recepción y esperamos que sean consideradas nuestras sugerencias en el proyecto”, dice.
Velásquez señala que por ahora se han concentrado en mostrar “quiénes somos y cómo producimos” y que harán una valoración más fina de la propuesta del gobierno cuando conozcan el borrador.
En paralelo a la nueva Constitución
Con la firma del nuevo acuerdo constitucional, lo más probable es que el proyecto de la Nueva Ley de Pesca se discuta en paralelo al de una nueva carta fundamental. ¿Afecta esto el proceso?
El subsecretario Salas argumenta que “las materias que se abordan en un proyecto constitucional son muy distintas a la jerarquía de una Ley de Pesca”. Si bien señala que hay principios generales o criterios orientadores que se enmarcan en un texto constitucional, la regulación es “fundamentalmente un conjunto de normas bastante específicas”.
Asimismo, se busca que la nueva Constitución quede lista en 2023, por lo que, aunque la ley se presentaría en mayo de 2023, su tiempo de tramitación será más extenso. “Es probable que las normas de un nuevo orden constitucional sean las que ilustren el proceso de discusión de una nueva Ley de Pesca en la segunda parte de su tramitación”, proyecta Salas.
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