Las parcelaciones rurales pasaron a primer plano en 2022. El explosivo crecimiento de la migración ciudad-campo que se detonó con la pandemia alertó al Ministerio de Agricultura, que en julio publicó una circular para endurecer los criterios para autorizar loteos. Rápidamente, la industria inmobiliaria rural se lanzó contra el Gobierno y estalló una disputa que hoy se sigue librando en tribunales.
En este contexto, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) optó por la cautela y, hasta hora, había guardado silencio. Al interior del gremio iniciaron un proceso para analizar el tema desde todas sus aristas y, finalmente, este lunes se reunieron con el ministro del sector, Esteban Valenzuela, para entregar su visión. En marzo esperan hacer lo propio con el titular de Vivienda, Carlos Montes.
En conversación con Diario Financiero, el secretario general del gremio, Juan Pablo Matte, explica la posición de la organización empresarial: la solución, dice, no pasa por eliminar las subdivisiones, sino por establecer las exigencias mínimas que las parcelas de agrado deben cumplir y generar una convivencia adecuada entre los nuevos habitantes del campo y la operación agrícola.
En síntesis, consideran que son los nuevos propietarios quienes deben adaptarse a las condiciones de la ruralidad y no al revés.
“En el campo hay ruidos de tractores y maquinaria, aplicaciones de productos químicos, personal que entra trabajar…y la verdad es que se genera bastante tensión entre ese nuevo propietario y el agricultor. Ese es un tema que nos parece importante regular”, explica.
Matte pone como ejemplo las torres que previenen de las heladas en primavera. “Es como tener un helicóptero al lado de tu casa, que da vueltas y vueltas y evita que el frutal o la hortaliza se hiele. Y bueno, nadie quiere tenerla, cuesta carísimo operarla, pero es la manera de salvar la producción. La cuestión es que con eso empiezan a llegar denuncias. Y por qué, si yo estaba aquí antes que ustedes”, esgrime el dirigente.
“Loteos brujos”
El ejecutivo de la SNA subraya que se debe respetar los derechos de los dueños de los predios y que cada uno “debe tener la potestad de poder hacer la subdivisión que a él le parezca”.
Dicho eso, ve con buenos ojos que organizaciones como Contraloría y el Servicio de Impuesto Internos (SII) estén poniendo foco en el desarrollo inmobiliario rural ante la gran cantidad de construcciones sin los permisos correspondientes o eventuales elusiones tributarias.
“Es lo que corresponde, la ley es para cumplirla. Quien nada hace, nada teme. Si es que el desarrollo de la parcelación que yo he hecho está en regla y, según toda la normativa que corresponde, fantástico, que me vengan a fiscalizar”, sostiene.
Sin embargo, dice que “no podemos cerrar los ojos de que existen estos ‘loteos brujos’, que es de locos (…) El hecho concreto es que se levanta una cantidad impresionante de casas a través de estos y es totalmente ilegal. Y en eso tiene que haber una fiscalización y ser todo lo estricto que corresponde”.
Seguridad alimentaria
Según el SAG, en 2022 se aprobaron más de 16 mil subdivisiones de predios rústicos y, en 2021, ese número superó las 19 mil. En 2019, la cifra todavía no alcanzaba las 10 mil autorizaciones.
Matte descarta que ese explosivo aumento esté impactando seriamente la producción y arriesgando la seguridad alimentaria, pero sí estima que las parcelas de agrado deben normarse para que aseguren sistemas adecuados de agua potable y de riego y de manejo de basura, entre otros.
“Hoy día estamos viviendo una situación de estrés hídrico, que la agricultura regula muy bien y la verdad es que este nuevo usuario, que no tiene cultura agrícola rural, riega la cantidad que sea y eso tiene un impacto aguas abajo sobre la producción agrícola”, explica.
Para el dirigente un camino adecuado es establecer exigencias previas a las parcelas y cuenta que en la conversación con el ministro incluso trataron la posibilidad de dar algún rol a las asociaciones de canalistas para que “puedan interponer denuncia cuando no hay un cumplimiento adecuado de lo que se ha acordado”.
Plan del Gobierno
Con miras al proyecto que el Ejecutivo busca ingresar en los próximos meses al Congreso para regular las subdivisiones, Matte destaca que a la SNA le parece importante que se haga con una mirada regional. “Es distinto lo que puede ocurrir en la zona central con Magallanes, en términos de potencial productivo”, ejemplifica.
En principio, afirma que les parece positivo actualizar la regulación para hacerse cargo “de la nueva realidad”. Eso sí, agrega que la autorregulación también es especialmente importante en este caso.
Frente a la idea que baraja el Gobierno de aumentar la superficie mínima para una subdivisión de 0,5 a 2 hectáreas, dice que, si bien puede servir para inhibir la demanda por estos predios, al mismo tiempo también significa perder paños productivos de mayor tamaño. No obstante, prefiere no hacer juicios apresurados y esperar a ver el proyecto completo.
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