La industria salmonera está librando una nueva batalla, esta vez, debido a la votación que se realizará este jueves 29 de febrero en la Región de Aysén, donde la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) se pronunciará sobre dos solicitudes de Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO), creados en la Ley Lafkenche.
Organizaciones empresariales y ligadas a la salmonicultura argumentan que las solicitudes -Cisnes e Islas Hichas- implican ceder más de 600 mil hectáreas a un grupo de menos de 60 personas.
En la mañana, los gremios de proveedores de servicios acuícolas de Aysén, Acuiprov y Agrupaysen, junto a un grupo de dirigentes de la región, manifestaron "una profunda preocupación por las consecuencias devastadoras que dicha medida implica para miles de trabajadores y sus familias, vinculadas a la industria salmonera y sectores afines".
"Es alarmante que las solicitudes de EMCPO, bajo la pretensión de proteger ciertos intereses, busquen obstruir específicamente el desarrollo de la salmonicultura. Este enfoque no solo perjudica a los trabajadores del sector sino que también amenaza el derecho al uso equitativo y sostenible del borde costero, fundamental para la diversidad de actividades económicas en nuestras comunidades", agrega la solicitud.
Posteriormente, la Sofofa, también salió al paso y reclamó que la aprobación de estos ECMPO tiene una dimensión desproporcionada, genera un conflicto, no ha contado con un proceso de diálogo y "puede generar una parálisis de inversión e incertidumbre a cualquier actividad productiva, industrial y artesanal a lo largo de más de 6.000 kilómetros de costa".
Junto a más de una decena de gremios de la macrozona sur y Aysén, plantearon que: "Después de un año difícil en materia de acuerdos, debemos ser capaces de avanzar en iniciativas que logren unirnos y no dividirnos. De esta manera podremos avanzar juntos y abordar problemáticas reales como la mejora de la calidad de vida de las personas".
Anteriormente, el 22 de febrero, la CPC ya había enviado una carta a los ministros de Interior, Carolina Tohá; Hacienda, Mario Marcel; Economía, Nicolás Grau; y Medio Ambiente, Maisa Rojas, en la que escribieron: "La Ley Lafkenche se ha convertido en un desequilibrio de intereses y posiciones, aunque su espíritu original es reconocer y respetar los derechos de los pueblos originarios. Lo que podría suceder es que grupos de pocas personas accederían a derechos sobre porciones sustanciales del territorio marítimo (suman más de mil veces el tamaño de un ECMPO habitual), afectando otros intereses legítimos. Preocupa la gran conflictividad social que se sigue apreciando a pocos días de la votación, generándose un ambiente negativo, que está sentando malos precedentes para la región y para todo el país".
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Martín Baeza
