Estudio revela deficiente gestión de propiedad intelectual en universidades

Por F. Orellana/ P. Peñaloza



Que la idea, prototipo o invento que realiza un investigador de alguna universidad chilena, llegue a comercializarse, es una realidad lejana en el país. Esto porque si bien muchas casas de estudio han creado en el último tiempo oficinas de transferencia tecnológica (OTT), lo cierto es que tienen una débil gestión y ausencia de políticas claras para abordar dichas materias. Algo que preocupa, considerando que son los lugares a los que más recursos se destinan para investigaciones en el país y son, paradójicamente, los que lideran los ranking de patentamiento. 
Así lo revela el estudio “Capacidades existentes en universidades y centros de investigación chilenos en materia de gestión de propiedad intelectual”, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), cofinanciado por la Unión Europea y el gobierno de Chile, cuyos resultados no son precisamente promisorios: el 56% de las instituciones cuenta con una OTT, pero no posee una institucionalidad y procedimientos definidos; desconocen el presupuesto que poseen para I+D; y presentan déficit de capital humano especializado en propiedad industrial, especifica Blanca Velasco, socia de la consultora Plataforma 360, que realizó la encuesta.

Al respecto, la ejecutiva explica que gran parte de los directivos no maneja información suficiente sobre el futuro de la entidad, lo que quita institucionalidad. A ello se suma que sólo el 9% de los investigadores que participan del proceso tiene experiencia en propiedad industrial, lo que se suple con la contratación de estudios de abogados “que puede tener efectos no muy positivos, ya que las capacidades siguen ‘afuera’ y no se genera, necesariamente, un aprendizaje efectivo”, indica el informe que sirvió para crear Inapiproyecta, plataforma de difusión de propiedad industrial y transferencia a través de diversas herramientas.




Seguir avanzando


Con el estudio, por primera vez se tiene una radiografía de la relevancia que tiene este tipo de activos para las universidades y centros de investigación, que han formado las OTT motivadas, en gran medida, por Corfo, que entrega recursos para su fortalecimiento.

“Ahora tenemos una línea base para entender qué esta pasando en las universidades chilenas, lo que es relativamente nuevo también a nivel internacional”, explica Jorge Alzamora, subdirector de Transferencia de Conocimiento del Inapi. En su opinión, las universidades deben tomar conciencia respecto a que la explotación comercial de las investigaciones “es indispensable para el desarrollo del país”. De hecho, se detectaron tan sólo 30 investigaciones comercializables, de las cuales el 73% se transformó en empresas y el 27%, en licencias. 
En las universidades se reconoce el poco avance. “Nuestro país no ha logrado desarrollar mecanismos que propicien la gestión de la propiedad intelectual en estas instituciones”, dice Fernando Castillo, pro secretario general de la U. Católica de Valparaíso, donde están implementando una oficina de transferencia y licenciamiento. “En general nos estamos subiendo tarde, pero en los últimos años se ha avanzado bastante”, añade Álvaro Ossa, subdirector de Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual de la Dirección de Innovación de la U. Católica, que hace un año creó una vicerrectoría de investigación para elevar el número de patentamientos y escalamiento comercial.

Un punto que destacan es la reticencia del investigador a ver el lado comercial a sus estudios. “Es la parte difícil del sistema. Para que entiendan ese concepto van a pasar muchos años”, dice Luis Magne, director del departamento de Gestión Tecnológica de la U. de Santiago.