Inmediatas reacciones generó la decisión de la jueza María Verónica Orozco, quien tras la audiencia de formalización de cargos del denominado caso La Polar, resolvió decretar prisión preventiva para los ex ejecutivos Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno.
Y es que si bien la resolución era algo que se podía prever en dicha instancia, los calificativos que utilizó la magistrado en su intervención final no fueron bien recibidos por familiares e incluso algunos abogados de las defensas.
“La convicción que queda es que se montó una verdadera máquina para defraudar al sistema, al mercado y que funcionó por largos años a la perfección”, dijo Orozco, quien se refirió a las conocidas repactaciones unilaterales, efectuadas en forma sistemática.
“Moreno echaba a correr el sistema”
Moreno echaba a correr el sistema en las noches de acuerdo a las necesidades de provisiones que le definía la señora Farah y luego éste incorporaba los datos falsos en los estados financieros”, manifestó la jueza.
“Por su parte Alcalde en esa actitud demostraba estar un poco sobre el bien y el mal. Pese a ser informado, y muy bien informado, no le tomaba importancia a estas abominables prácticas (y) salía al mercado a ofrecer y vender efectos de comercio contra la nada”.
“La defensa del señor Alcalde respecto de todos los delitos que se le imputa se funda en el desconocimiento, que como se ha dicho, resulta increíble e inadmisible después de 10 años a cargo de la empresa”, añadió.
“Conducta delictiva no son las repactaciones”
Resulta de manifiesto que la conducta delictiva no son las repactaciones unilaterales, sin perjuicio de haber sido introducidas como cláusulas claramente abusivas en los contratos de los clientes, sino el efecto y el uso que de ellas se hizo”, aseguró la magistrado.
Asimismo, enfatizó que “no resulta creíble ni admisible y raya en lo ridículo que los imputados Farah y Alcalde desconocieran la existencia de la práctica ya que los múltiples testimonios y antecedentes se refleja su completo conocimiento y aquiescencia en su uso”.
“Se trata de un grupo de personas que se encontraba perfectamente organizada con conocimientos técnicos y largos años de trabajo mancomunado”, añadió antes de decretar la prisión preventiva para los principales imputados en el caso La Polar.
“Sensación de impunidad”
Se trata de un grupo de personas que se encontraba perfectamente organizada con conocimientos técnicos y largos años de trabajo mancomunado”, indicó Orozco.
En ese sentido, manifestó que la máquina para defraudar al sistema “funcionó por largos años a la perfección, lo que evidentemente hizo que los imputados fueran consolidando su sensación de impunidad ya que la gente pobre, su mercado objetivo, ni se enteraba que estaba siendo utilizada en esta organización”.
“En esta audiencia no se ha oído nada en relación a reconocimiento, reparaciones ni nada, solamente echarse la culpa unos a otros respecto de los ilìcitos que se les imputa, alegando desconocimiento, lo que no tiene sustento alguno”.
Funcionarios involucrados
Estimo también que dentro de esta organización o dentro de esta empresa debe haber una gran cantidad de otros funcionarios que están involucrados porque no resulta admisible ni creíble que todas las infracciones que se han cometido, todos los ilícitos, hayan estado simplemente a cargo o siendo cometidos por las tres personas que hoy se encuentran imputadas en esta audiencia”, indicó.“Un antecedente que surgió y que ha sido señalado por una de las partes querellante y que, en principio, puede resultar un poco aventurado pero que también lo he considerado, y es el hecho él habló de grupo o pandilla”, agregó la jueza aludiendo a las declaraciones de Davor Harasic, abogado de Empresas La Polar.
Extensión del mal causado
Teniendo en consideración que las penas tienen grados y el en caso de la infracción al artículo 50 letras A y B y F tienen penas que van hasta penas de crímenes, estimo que existe por lo menos circunstancias agravantes, delitos reiterados, una evidente extensión del mal causado, yo tengo la convicción al día de hoy que con los antecedentes que se han expuesto que los imputados que se encuentran presentes en esta audiencia difícilmente en el evento de ser condenados cumplirán penas en libertad... eso es un antecedente que me hace mucha fuerza para considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad y decretar su prisión preventiva”, concluyó la jueza. Posteriormente, la jueza fijó un plazo de 8 meses para que la Fiscalía continúe con la investigación.
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