Por Natalia Godoy
El próximo miércoles Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah se verán las caras a más de seis meses de ser sindicados como los principales responsables del escándalo financiero del año.
A días de la audiencia, -que comenzará a las 10 de la mañana y, de terminar ese mismo día, sería cerca de la medianoche-, cada uno de los estudios de abogados representantes de quienes serán formalizados está terminando de afinar sus respectivas estrategias de defensa.
Para ese día los imputados están citados a las nueve de la mañana y se solicitó a los tribunales comenzar a trabajar a partir de las siete y media para agilizar el proceso. Se prevee que será una jornada extensa y que, dada la cantidad de personas que concurrirán, se habilitará una sala exclusiva para la prensa y los familiares.
Cada uno de los implicados podrá contar con un máximo de tres abogados. Mientras que por parte de la Fiscalía asistirán las diez personas que han estado trabajando en el caso.
Alcalde, Moreno y Farah se juegan la libertad, puesto que no se descarta la prisión preventiva, lo que significaría que los ex ejecutivos podrían pasar la Navidad en Santiago Nº1, a menos que presenten un recurso de amparo.
Con esto la audiencia será el primer paso de la arista penal que podría involucrar dos años y más de investigación.
Quienes conocen las actuaciones de los abogados que están en este caso, señalan que desde el punto de vista técnico el más blindado es el ex gerente de productos financieros, Julián Moreno, quien tiene al penalista Miguel Chaves liderando su defensa junto a Alejandro Awad, Marcos Contreras y Miguel Schurmann. De hecho, todos ellos vienen del estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, el cual hoy tiene la responsabilidad de defender a Pablo Alcalde.
En un principio Moreno declaró que él mismo le hizo saber por escrito a Alcalde sobre las renegocaciones. Con el tiempo su discruso fue variando sólo a conversaciones. “Una de las cosas que puede argumentar es que él no tenía nada que ver con la información que se enviaba al mercado porque él no era el responsable de enviar las fecus a la SVS y que esa responsabilidad recaía en Farah o Alcalde”.
Jorge Bofill, al igual que Chaves y Alex Carocca, que representa a María Isabel Farah, tendrán que probar que los ex ejecutivos no cometieron infracciones a la Ley de Valores y General de Bancos. Ni tampoco lavado de activos.
Los argumentos
Al parecer Alcalde se jugará por probar que, al menos, no tuvo participación en el uso de información privilegiada. A su favor existen correos electrónicos enviados por Farah que muestran que en 2007 y en 2009, instancias en las que se llevaron a cabo los aumentos de capital, Alcalde no participó en la compra de acciones a través de Galicia. Mientras que sí concurrieron Horus ( María Isabe Farah), Najerillas (Julián Moreno), D y J (Manuel Mezaros), Los Siete (Pablo Fuenzalida) y Ravello (Santiago Grage).
Sin embargo hay quienes señalan que esos e-mails son atenuantes.“Alcalde era uno de los socios principales de la empresa a través de Alpha” y, agregan, si de e-mails se trata “existen al menos unos 30 que dan cuentan que Alcalde tenía conocimiento de unas 30.000 repactaciones unilaterales”.
Farah, en tanto, consideran cercanos, seguirá aferrándose a su absoluta inocencia, señalando que durante todos los años que estuvo ligada a la firma se dedicó a llevar adelante muchas batallas como la internacionalización de la multitienda.
Además, de acuerdo a las declaraciones que su abogado Alex Carocca ha realizado a la prensa, también se espera que manifieste que los cargos son infundados y que no existen pruebas por lavado de activos.
En cuanto Nicolás Ramírez, ex gerente general, representando por Cedric Bragado, - quien estuvo en el caso de Ferrocarriles del Estado; y Santiago Grage, ex gerente de finanzas, representado por Gérman Madrid, aún no se sabe con certeza por dónde irán sus defensas.
Lo que sí estaría más o menos claro es que las defensas de los ex ejecutivos podrían ir en la línea de asumir cierto grado de negligencia en sus funciones, pero por ningún caso algo que los complique a nivel penal.
¿Quién es la jueza Orozco?
A pesar de que el nombre de María Verónica Orozco actualmente se asocia al caso de la educadora de párvulos que olvidó a un menor en un automóvil, la verdad es que la jueza que tendrá la causa La Polar tiene una vasta experiencia en el área económica marcada por el llamado “Davilazo”.
Orozco es abogada de la Universidad de Chile, titulada en 1992.
Realizó su programa de formación de jueces en la Academia Judicial en el año 1997, siendo la mejor alumna de su generación.
En el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, trabajó en la causa contra Juan Pablo Dávila por fraude al Fisco en Codelco.
También fue juez del Segundo Juzgado de letras de Talagante.
Desde el 2007 Juez del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.
Entre los años 2002 y 2005 ejerció libremente la profesión, siendo síndico de quiebras.
En el caso de la parvularia, Orozco también trabajó junto al fiscal Jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, José Morales, quien está actualmente liderando la investigación del caso La Polar, junto a Luis Inostroza.
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