Minería

AMSA por botadero: “El Estado debe hacerse parte”

CEO de Antofagasta plc dice que autoridades deben colaborar para encontrar una solución.

Por: Tomás Vergara | Publicado: Martes 15 de agosto de 2017 a las 04:00 hrs.
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“Es importante en esto que el Estado chileno se haga parte también”. Con estas palabras Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta plc, la matriz de Antofagasta Minerals, se refirió al estado actual del conflicto que la firma enfrenta con Glencore por el depósito de desechos estériles de su operación Los Pelambres, en terrenos ubicados en Argentina y que la suiza reclama de su propiedad, ligados al futuro proyecto El Pachón.

El máximo ejecutivo del brazo minero del grupo Luksic insistió en el hecho de que la firma actuó en virtud de permisos que fueron entregados por las autoridades locales, en una zona que era parte del territorio nacional, razón por la que se vieron involuntariamente involucrados en esta situación, luego que la cartografía fuese corregida y la zona en cuestión pasara a ser considerada territorio trasandino.

“Habiendo permisos de por medio y dos países involucrados, esta es una situación que requiere que ambos estados colaboren para tratar de buscar una solución junto a las empresas directamente involucradas”, apuntó, tras participar en un simposio minero organizado por la Universidad de Santiago.

La cancillería chilena ha insistido en que esta situación, que actualmente se ventila en tribunales del país vecino, corresponde a una disputa entre privados.

En 2004, la principal de las operaciones mineras de Antofagasta Minerals comenzó a usar el botadero Cerro Amarillo, lugar donde hasta 2011 y en una superficie de 52 hectáreas, habría depositado del orden de 50 millones de toneladas de material estéril y neumáticos.

Mientras se libra la batalla en tribunales, la firma local solicitó poder llevar adelante un proceso de cierre de operaciones, que les permita mantener bajo cuidado el material depositado, habiendo hasta ahora podido retirar únicamente los neumáticos.

“Lo que nos importa, en primerísimo lugar, es poder prevenir cualquier riesgo medioambiental y por eso hemos propuesto un cierre mientras el juicio sigue su curso, porque eso permite tomar medidas que, efectivamente, protejan cualquier riesgo medioambiental. Insistimos en eso y hemos estado en conversaciones en esa línea y lo importante, yo creo, es que los Estados se junten para poder buscar una solución permanente”, aseguró Iván Arriagada.

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