Por M. Sánchez /
S. Vega / G. Cerda
Al rojo sigue el debate parlamentario respecto de qué falló, de cuáles deberían ser las sanciones y de cómo evitar que el episodio de La Polar se repita. Aunque plantean distintos caminos a seguir, coinciden en dos puntos: no hay que caer en la sobrerregulación y se debe llegar al fondo del tema.
Dado que “este es un escándalo en desarrollo”, afirma el diputado Jorge Burgos (DC), “no se deben adelantar conclusiones, pero sí acelerar la normativa que está pendiente”, como crear la Comisión de Valores y Seguros.
No obstante, advierte que una de las fallas detectadas por el momento, es la necesidad de que la SVS vuelva a tener la facultad de querellarse. “Uno de los errores que se ha evidenciado es que la SVS no se puede querellar. Hay que recordar que con ocasión de la reforma procesal penal, la Super perdió su posibilidad de querellarse y quedó radicada la pretensión investigativa sobre el Ministerio Público. Por tanto, es básico reponerle esta facultad, ya que ahora sólo puede hacer una denuncia y no puede ser parte. Eso me parece que es un error y, en este caso La Polar, es bien demostrativo”.
Ahora, indica, la SVS igual tendrá que cursar multas, porque no sólo hay que perseguir la responsabilidad penal sino también la civil. “Es que no es bueno que quede la sensación que los que hacen este tipo de cosas sólo pagan el daño producido a través de multas con intereses sino que también con penas legales”.
Pero, recomienda, “no adelantar muchos cambios todavía en función de este caso, pero de todas maneras aquí las investigaciones, tanto en el plano administrativo como penal deben funcionar con rapidez, porque por ningún motivo puede quedar la sensación que un escándalo de esta naturaleza quedará impune”.
Comisión investigadora
El presidente de la Comisión Investigadora del caso -constituida la semana pasada, ver recuadro- diputado Gonzalo Arenas (UDI), indica que, aparte de la fiscalización, hubo una serie de errores que ayudaron a que el caso La Polar se convirtiera en un desastre finaciero.
“La legislación también falló, porque hay un vacío enorme en cuanto a la regulación de los créditos del retail. Falló el Banco Central, al dictar las normas que permitían a la Superintendencia de Bancos poder fiscalizar con mayor fuerza la parte crediticia, el negocio financiero del retail. Falló también gran parte de la ética empresarial, porque hay que recordar que La Polar era una especie de ícono de la buena gestión de una empresa, sin cuestionarse mayormente que estaba ocurriendo en el fondo”, puntualiza.
Arenas va más allá y acusa que hubo “una especie de pacto de silencio tácito entre muchos actores, porque a muchas personas no les convenía que La Polar se viniera abajo. Creo que se mantuvo artificialmente esta práctica por mucho tiempo”, afirma categórico.
Otro miembro de la Comisión es Fuad Chahín (DC), quien sindica a los altos intereses aplicados a los consumidores como uno de los principales móviles del conflicto.
“Hay un problema de fondo que tiene que ver con el monto de los intereses. Se ha hablado mucho de que el problema de La Polar es que le prestó a personas riesgosas, pero una persona que compra una plancha o un par de camisas no es riesgosa, se transforma en riesgosa cuando le cobra un interés de un 50% anual”, dice el parlamentario.
Para el diputado DC, subsanar este tipo de irregularidades a través de la mesa investigadora dependerá, en buena medida, de encontrar a los responsables políticos y de crear un nuevo marco normativo.
“En términos generales, debiéramos determinar las responsabilidades políticas, porque nosotros no podemos determinar responsabilidades civiles, penales ni administrativas”, aunque advierte que, dentro de las potestades de la comisión está, además, poder “generar un conjunto de recomendaciones legislativas que nos permitan tener normas sustantivas, pero también una institucionalidad mejor dotada para evitar desastres como éstos”.
En tanto, Pedro Velásquez, diputado independiente, apunta a entregar menos facultades al mundo privado, pues “se restringe la labor supervisora y fiscalizadora del Estado”.
Economía investiga
Para el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Joaquín Godoy (RN), la creación de la Comisión Investigadora no es lo más relevante. “Lo que hemos podido investigar es más importante que lo que se pueda conseguir dentro de una comisión investigadora, porque, finalmente, lo que hace la comisión es ver que es lo que ocurrió con los organismos del Estado y te diría que los organismos estatales no son los primeros responsables, no los veo en una negligencia evidente”.
Asimismo, el diputado Javier Macaya (UDI), considera que el hecho que la Comisión de Economía sea la que lidere la investigación “pasa más bien por un tema práctico (...) los diputados podemos generar participación en la comisión que queramos”, sostiene.
En tanto, el diputado José Miguel Ortíz (DC), afirma que “se dio que fuera la Comisión de Economía la que investigue y esperamos que realice una buena labor para determinar probables responsabilidades políticas”.
Los frentes abiertos en el congreso
El estallido de este caso motivó a los parlamentarios a crear diversas instancias para analizar las implicancias. De hecho, la primera fue la sesión especial que realizaron los senadores de las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo, a la que asistieron los superintendentes de Valores y Seguros, Fernando Coloma; de Bancos, Carlos Budnevich; y de Pensiones, Solange Bernstein. Paralelamente, los senadores anunciaron otra sesión especial en la Sala que quedó fijada para el miércoles 22 de junio, a la que fue citado el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Así también la semana pasada, los diputados constituyeron una Comisión Investigadora que recayó en la instancia de Economía de la Corporación. Esta quedó liderada por el diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gonzalo Arena y acordaron de sesionar todos los lunes a las 11:30 en la sede del Congreso en Santiago. Y, para esta primera jornada fue invitado el presidente del directorio de La Polar, Heriberto Urzúa; el director del Sernac, Juan Antonio Peribonio; y, posiblemente, asistiría Coloma. La instancia deberá emitir un informe en 60 días.
Además, los parlamentarios de la Concertación, se encuentran estudiando la posibilidad de interpelar la ministro Larraín, dado que encuentran que las entidades regulatorias que están bajo su supervisión deberían haber advertido con tiempo que algo estaba pasando.
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