Alrededor de las diez de la mañana del miércoles 14 de diciembre de 2011, personal del OS-9 de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y funcionarios de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), acudieron hasta las oficinas de las principales cadenas de supermercados del país –Cencosud, SMU, Walmart y Tottus- para incautar computadores y documentación. A dos años de aquel hecho, la FNE, que pidió las diligencias como parte de una investigación, aún no ha cerrado el denominado Caso Supermercados.
Ante las consultas, la Fiscalía indicó que “la investigación está en curso y aún estamos realizando diligencias”. Respecto de fechas y plazos sobre el cierre, no se refirió.
Según confirman varias cadenas, la FNE ha continuado solicitando información a los supermercados, sin dar mayor información ni tampoco pidiendo datos en específico de alguna línea de negocios.
En dicha ocasión, la Fiscalía señaló en un comunicado que comenzó una investigación “referida a eventuales conductas o prácticas que podrían ser contrarias” al artículo 3 de la Ley 211, relativa a la libre competencia.
De esta forma, la FNE pidió autorización al Tribunal de la Libre Competencia y la Corte de Apelaciones de Santiago para realizar los allanamientos, lo que fue concedido. Desde las oficinas de Walmart habrían sido incautados en esa ocasión entre tres y cuatro computadores, en Cencosud unos tres y desde SMU se llevaron un PC y un notebook de una misma persona.
Investigaciones
El material incautado por la Fiscalía en los allanamientos, dicen entendidos, correspondían a ejecutivos de mando medio que se relacionaban con proveedores de carnes blancas y productos de limpieza.
En todo caso, aseguran que durante el proceso la Fiscalía habría ampliado la investigación a una posible “doble marginación” de las cadenas en relación con las marcas B que los abastecen en algunos productos.
Según entendidos, la FNE estaría investigando que las supermercadistas, en presunta coordinación, habrían instado a que proveedores de algunos productos de marcas blancas les rebajen el precio de éstos para luego venderlos a un valor superior a los consumidores.
De ser cierto, los supermercados buscarían tener un producto marca B que compita con el líder de la categoría, pero que el precio de compra sea entre 10% y 15% más barato, de esta forma la cadena obtendría mayor margen. En tanto, la venta a público se realizaría en valores similares entre un retail y otro.
Actos como éste, de acuerdo a expertos, encajan con la figura del llamado Caso Supermercados, puesto que podrían, eventualmente, ser calificados de posible colusión y es sólo en el marco de una investigación de ese tipo que la ley permite que se realicen medidas intrusivas como el ingreso a las dependencias de una empresa para incautar material que pueda ser utilizado como prueba en un juicio.
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