Luego de semanas marcadas por renuncias, sumarios sanitarios, demandas y una fuerte polémica a nivel nacional, la Clínica Las Condes (CLC) se apresta a cumplir una etapa clave en los próximos días con la entrega de los resultados del segundo trimestre a la Comisión para el Mercado Financiero este 27 de julio. Y mientras la administración está dando las últimas revisiones a ese balance –que está siendo auditado por Deloitte- para presentarlo al directorio a inicios de la próxima semana, los ojos están puestos en si la clínica logrará proyectar sus utilidades por $ 7.713,5 millones obtenidas el primer trimestre de este año, las más altas en una década para ese período.
Pero esta vez, distintos accionistas minoritarios de CLC dudan de que ese escenario se repita, atendiendo a las cifras que la propia clínica ha entregado en relación a los recursos que le adeuda el Estado. Éstos ascienden a un total de $ 37 mil millones -según detalla la demanda que presentó CLC ante el Primer Juzgado Civil de Santiago a mediados de este mes- de los cuales $ 30.580 millones corresponden al no pago por parte de Fonasa de las atenciones a pacientes Covid-19 derivados desde la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) al 31 de mayo, mientras el resto está asociado a mayores costos e inversiones en gestiones por la pandemia.
El punto en la mira de quienes esperan los resultados al 30 de junio es cómo se ponderará en ellos esta contingencia, por cuanto este factor puede marcar una drástica diferencia en la línea final. La clave, señalan fuentes consultadas, es el monto de las provisiones que debería asumir CLC por la diferencia entre el monto reclamado al Estado y la cifra que Fonasa considera pagar por esas mismas prestaciones, la cual bordea los $ 20 mil millones.
“En el mejor de los escenarios, la provisión que tiene que realizar la clínica asciende a entre $ 14 mil millones y $ 15 mil millones (unos US$ 20 millones) que debe sacar de sus activos. El tema es hasta qué punto estarán subvaluadas esas provisiones en función de cuál será eventualmente el pago real que va a hacer el Estado en un escenario judicial”, indica un conocedor del caso.
Y a esto se suma el hecho de que toda la entrega de recursos de parte de Fonasa en este momento se encuentra en tela de juicio, ya que CLC nunca firmó el convenio de pago a través del mecanismo de grupos relacionados de diagnóstico (GRD) que aplicó la autoridad para las atenciones en pandemia, debido a su desacuerdo con la valorización de la entidad pública a esas prestaciones, discrepancia que finalmente terminó llevando a los tribunales. De hecho, en la demanda interpuesta contra el Fisco este mes, CLC indicó que “a la fecha no ha recibido ningún pago por estos pacientes, ni siquiera la tarifa GRD”.
Las cifras del trimestre
No obstante el repunte de las utilidades en el primer trimestre de este año, el balance de CLC arrojó un monto de deudas comerciales por cobrar por un monto de $ 132 mil millones, cifra que representa un aumento de 33% en relación a los $ 99 mil millones al cierre del mismo lapso del ejercicio pasado. Y este incremento en las cuentas por cobrar duplicó la variación de 15% en las ventas anotadas a marzo de 2021 ($ 60 mil millones) en comparación con los $52 mil millones al mismo mes de 2020.
Pese a ese escenario, la deuda incobrable bajó desde $ 10.138 millones en diciembre último a $ 8.857 millones en marzo pasado, y también es menor a los $ 9,4 mil millones de junio de 2020, no obstante las cuentas por cobrar a esa fecha ascendían a $ 84 mil millones.
También entre los cierres del ejercicio 2020 y del primer trimestre de este año se produjo un fuerte salto en el ítem “Deudores de venta Isapres y Empresas” desde $ 1.109 millones a $ 29.259 millones. “Los deudores comerciales provienen en su mayoría de pacientes del segmento hospitalario”, indicó CLC en su último análisis razonado, donde detalló respecto de las cuentas por cobrar que mientras las isapres presentan “un mínimo nivel de morosidad”, en el caso de Fonasa “hasta la fecha se ha resistido a cumplir con su obligación de pago, por lo que el directorio de la Sociedad ha adoptado medidas que se han informado oportunamente”.
Cabe recordar que ya en enero pasado, CLC informó que el no pago de atenciones a los pacientes Covid-19 de Fonasa le implicó asumir pasivos extraordinarios por $ 20 mil millones, a lo cual sumó recursos de caja por otros $ 8 mil millones para “sustentar costos y remuneraciones de su personal que estuvo plenamente disponible para atender a los pacientes derivados a través de la UGCC y de aquellos que ingresaron a nuestros servicios de urgencia en atención a la pandemia”.
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