Ventas de cigarrillos de contrabando superan los US$ 275 millones y amenazan con subir

Al primer trimestre del año pasado los decomisos de cigarrillos ilegales totalizaron 35 millones de unidades, en el mismo lapso de este año esa cifra más que se duplicó con incautaciones que superaron 74 millones de unidades.

Estas cifras dan cuenta de que este comercio ilegal se ha incrementado en un plazo muy corto y ahora alcanza una magnitud que preocupa a la autoridad y a los actores de la industria local.

Al cierre de 2015, el 11,4% de las ventas de cigarrillos se hicieron en el mercado negro, lo que de acuerdo con estadísticas de British American Tobacco (BAT) Chile, el principal actor a nivel local, equivalió a nada menos que 1.500 millones de unidades o 75 millones de cajetillas, las que a un precio de $ 2.600 pesos, que es el valor más bajo de los productos legales, representa ventas que superaron los US$ 275 millones.

Las proyecciones de los privados indican que este porcentaje podría más que duplicarse, pues al ritmo actual de este mercado y la buena relación entre el riesgo y los márgenes que ofrece, el contrabando podría escalar fácilmente al 25%, acercándose peligrosamente al 33% que exhibe Brasil, que es uno de los más altos a nivel mundial.

Francisco Ulloa, gerente de Integridad de Mercado de BAT, unidad que la tabacalera creó en 2015, explicó que hay varios factores que avalan la estimación y el principal es lo atractivo que se ha vuelto el negocio por la mezcla del factor tributario, que elevó el margen que se obtiene, la baja penalidad para estos delitos y el menor precio de este producto en los países limítrofes (ver infografía).

“Somos el mercado que más margina por cajetilla de contrabando en Sudamérica. En los últimos cuatro años Chile pasó de ser el país con menor porcentaje de contrabando, con 3,6% en 2012, a ser uno de los países con más alto porcentaje en el Cono Sur. Lo anterior, por lo lucrativo, el fácil ingreso y el poco riesgo de venta”, señaló.

La evolución del contrabando va aparejada con el alza de los impuestos al tabaco, proceso que comenzó en 2010 con el incremento asociado a la reconstrucción post terremoto y siguió con la reforma tributaria, hasta llegar al momento actual en que el 82,3% de lo que se paga por una cajetilla en el mercado formal corresponde a impuesto.

De esta forma, la tasa subió a 5,6% en 2013, y a 10,6% en 2014 y según comenta Ulloa, cuando el contrabando en cualquier mercado excede el 10%, se hace muy difícil contenerlo y más aún frenarlo, pues termina validándose como sucede actualmente en Arica, donde casi el 77% de los cigarrillos que se venden son de contrabando.

Diversificación del negocio

El origen de los productos de contrabando es amplio (Corea, India, Vietnam, Argentina, Paraguay) y los márgenes que se obtienen son atractivos, porque en promedio la diferencia entre el cigarrillo legal más barato y el producto de contrabando alcanza los $ 1.300 pesos.

De hecho, lo anterior le da espacio al contrabando y la falsificación. Estas últimas, tradicionalmente provenientes de Argentina y Paraguay no sólo han mejorado su calidad, sino que han diversificado sus orígenes, pues en los decomisos se han detectado productos provenientes de China.

Las cifras dan cuenta de que la tasa de 11,4% se desglosa en un 8,1% correspondiente a contrabando, donde figuran las marcas que no se comercializan en el canal formal, mientras que el 3,3% restante es falsificación.

En este plano, comentan que las investigaciones han dado cuenta de que la mayor parte de los productos falsificados corresponden a marcas que se fabrican en Corea e India para ser comercializadas en el mercado boliviano, según consta en los empaques, las que curiosamente no son conocidas en ese país y nunca se han vendido ahí.

Lo anterior implica que hay grupos organizados que mandan a fabricar estos cigarrillos especialmente para venderlos de forma ilegal en Chile.

Los análisis indican que la zona norte concentra el comercio de productos de contrabando, mientras que hacia el sur lo que abunda son los cigarrillos falsificados.

Fiscalización compleja

Los conocedores de estos temas comentan que el contrabando de cigarrillos es una industria más rentable y menos riesgosa que, por ejemplo, el tráfico de drogas, por lo que hay organizaciones delictuales de alta peligrosidad que están detrás de este diseño productivo.

El ejecutivo de BAT asegura que la detección y la fiscalización son complejas tanto para Aduanas como para las policías y lo mismo opinan en el gobierno.

En marzo del año pasado el Ministerio del Interior, a través de su subsecretaria, coordinó el trabajo de una mesa entre los diferentes actores públicos vinculados a esta materia para enfrentar el robo y contrabando de cigarrillos en el país.

Tras once encuentros, los organismos determinaron una serie de acciones de corto plazo y operativas, a lo que se suma la identificación de medidas de largo plazo para ser estudiadas e implementadas en los próximos años.

En la cartera explicaron que la falta de coordinación de los organismos para detectar, perseguir y sancionar estos delitos es uno de los puntos críticos.

También se busca que el Servicio de Impuestos Internos y Aduanas persigan los procesos penales para lograr penas mayores, pues sin su intervención estos logran evadir el castigo legal a partir del manejo de volúmenes.

Ejes del actuar del gobierno

Los ejes del trabajo que está realizando la Subsecretaría del Interior para aumentar las acciones para atacar el comercio ilegal de cigarrillos se guían por una serie de ejes.

En primer término destacan el interés por desbaratar bandas criminales que, además del contrabando de cigarrillos, realizan otras acciones que atentan contra la seguridad pública.

El daño en la recaudación tributaria es otra factor, pues limita la capacidad del Estado de financiar programas sociales que benefician a las personas más vulnerables.

El factor sanitario también es preocupación de la autoridad, pues los cigarrillos de contrabando no son objeto de ninguna evaluación sanitaria, por lo tanto, no se conoce su composición y existe un riesgo significativo de daño a la salud pública, que va más allá del daño que el cigarrillo fiscalizado provoca.

"El gobierno busca llevar adelante acciones de corto plazo y operativas que incidan directamente en este negocio ilícito, además de la identificación de medidas de largo plazo para ser estudiadas e implementadas en los próximos años", explicaron desde la Subsecretaría del Interior.