“Este proyecto de ley viene a suplir un gran vacío que existía en nuestra legislación”
Ricardo Irarrázabal señaló que "por primera vez se establecerá una ley que va a proteger en forma eficiente la biodiversidad". La sociedad civil podrá participar y hacer sugerencias al proyecto en marzo.
Por: | Publicado: Viernes 11 de febrero de 2011 a las 05:00 hrs.
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Natalia Godoy
El 26 de enero el presidente Sebastián Piñera envió al Parlamento dos proyectos de ley: uno que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y otro que crea el Servicio Forestal supeditado al Ministerio de Agricultura. Ninguno ha estado exento de polémicas y críticas.
Respecto al primero, el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, aclaró “algunos comentarios, cartas y columnas en la prensa” que reclaman escasa participación por parte de la sociedad civil en la elaboración del anteproyecto de ley. Según la autoridad, “el tema importante acá es que por primera vez se establecerá una ley que va a proteger en forma eficiente la biodiversidad tanto de la actual generación como de la futura”.
¿Cuál ha sido la principal crítica al proyecto?
La gran crítica es que no ha existido mucha participación por parte de la sociedad civil en lo que fue la discusión del anteproyecto de ley. Y la razón de esto es que el Ejecutivo tenía un plazo legal para ingresar dicho proyecto al Congreso que vencía el 26 de enero. Obviamente no podíamos tener participación respecto de un proyecto que todavía no era el definitivo, porque hasta muy entrado enero no teníamos el articulado definitivo a nivel de gobierno.
¿
Cuál era la urgencia por entregarlo el 26 de enero?
El plazo fue incluido en una disposición transitoria en la ley 20.417 que modificó la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ahí se estableció un año para que el Ejecutivo, que crea este Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, entregara el proyecto al parlamento. Y este plazo vencía el 26 de enero del presente año. Un tiempo bastante reducido, porque se trata de un proyecto complejo que involucró llegar a un consenso entre varios ministerios.
¿A qué problemática viene a dar solución el servicio?
Este proyecto de ley viene a suplir un gran vacío que existía en nuestra legislación, porque no existía un único cuerpo legal que se hiciera cargo de la conservación para la biodiversidad. El gran mérito es que se concentra en un sólo organismo dichas potestades y además le otorga instrumentos de gestión ambiental efectivos para la conservación; fondos para la conservación de biodiversidad que tienen como finalidad ayudar en parte las áreas protegidas privadas, y también todo lo que son los temas científicos y educacionales.
¿En qué etapa se encuentra el proyecto?
El proyecto va a entrar en marzo a discusión en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Lo que nosotros hemos presupuestado, es que exista un periodo de socialización del proyecto para que los distintos actores de la sociedad civil puedan hacer sus presentaciones y poder recoger todas las aprehensiones porque nos interesa conocer las opiniones.
Areas privadas
¿En qué consistirá la protección de áreas privadas?
El tema clave de este proyecto es que hay un objetivo clarísimo que es la protección de la biodiversidad, pero hay distintos caminos para llegar a ella. Uno es a través de áreas públicas protegidas a través de alguna categoría, pero también existe la posibilidad que los privados ayuden al Estado en la consecución de estos objetivos sin que pierdan el dominio sobre el área protegida.
¿El Estado financiaría esa protección de áreas privadas?
A través de fondos que ayuden a la conservación del área protegida privada que está adherida a este sistema nacional.
¿Cuáles serán los requisitos?
Aquí el criterio clave tanto para las áreas protegidas públicas como privadas es que se les van a exigir requisitos tanto técnicos como económicos. Esto es valioso porque va a significar que el Estado no tenga que expropiar o comprar tierras a privados para cumplir con los compromisos y objetivos de biodiversidad.
Servicio Forestal
¿
Desaparece Conaf con todo esto?
La intención del legislador es que la actual Conaf, que es una corporación de derecho privado, se divida en dos del Estado. Por un lado, un servicio cuya finalidad es la conservación de la biodiversidad y áreas protegidas dependiente del ministerio de Medio Ambiente, y por otro lado, un servicio de fomento forestal que cumpliera las finalidades propias del ministerio de Agricultura.
¿Con esto Conaf no podrá funcionar paralelamente al ser de derecho privado?
No, porque en el fondo los actuales trabajadores de Conaf pasarán al Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas, y los otros que pasan al Servicio de Fomento Forestal.
¿Cómo van a lograr que personas que trabajan para una corporación privada pasen al sistema público?
Es importante dejar en claro que los trabajadores que pasen a desempeñarse al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas como al Servicio Forestal mantendrán los años de servicio que tenían en la Conaf. Hay normas explícitas en el anteproyecto de ley de que la gente que trabaja en Conaf esté sujeta al Código del Trabajo. Lo que es muy importante destacar es que hay una disposición expresa legal que señala resguarda a los trabajadores.
El 26 de enero el presidente Sebastián Piñera envió al Parlamento dos proyectos de ley: uno que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y otro que crea el Servicio Forestal supeditado al Ministerio de Agricultura. Ninguno ha estado exento de polémicas y críticas.
Respecto al primero, el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, aclaró “algunos comentarios, cartas y columnas en la prensa” que reclaman escasa participación por parte de la sociedad civil en la elaboración del anteproyecto de ley. Según la autoridad, “el tema importante acá es que por primera vez se establecerá una ley que va a proteger en forma eficiente la biodiversidad tanto de la actual generación como de la futura”.
¿Cuál ha sido la principal crítica al proyecto?
La gran crítica es que no ha existido mucha participación por parte de la sociedad civil en lo que fue la discusión del anteproyecto de ley. Y la razón de esto es que el Ejecutivo tenía un plazo legal para ingresar dicho proyecto al Congreso que vencía el 26 de enero. Obviamente no podíamos tener participación respecto de un proyecto que todavía no era el definitivo, porque hasta muy entrado enero no teníamos el articulado definitivo a nivel de gobierno.
¿
Cuál era la urgencia por entregarlo el 26 de enero?
El plazo fue incluido en una disposición transitoria en la ley 20.417 que modificó la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ahí se estableció un año para que el Ejecutivo, que crea este Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, entregara el proyecto al parlamento. Y este plazo vencía el 26 de enero del presente año. Un tiempo bastante reducido, porque se trata de un proyecto complejo que involucró llegar a un consenso entre varios ministerios.
¿A qué problemática viene a dar solución el servicio?
Este proyecto de ley viene a suplir un gran vacío que existía en nuestra legislación, porque no existía un único cuerpo legal que se hiciera cargo de la conservación para la biodiversidad. El gran mérito es que se concentra en un sólo organismo dichas potestades y además le otorga instrumentos de gestión ambiental efectivos para la conservación; fondos para la conservación de biodiversidad que tienen como finalidad ayudar en parte las áreas protegidas privadas, y también todo lo que son los temas científicos y educacionales.
¿En qué etapa se encuentra el proyecto?
El proyecto va a entrar en marzo a discusión en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Lo que nosotros hemos presupuestado, es que exista un periodo de socialización del proyecto para que los distintos actores de la sociedad civil puedan hacer sus presentaciones y poder recoger todas las aprehensiones porque nos interesa conocer las opiniones.
Areas privadas
¿En qué consistirá la protección de áreas privadas?
El tema clave de este proyecto es que hay un objetivo clarísimo que es la protección de la biodiversidad, pero hay distintos caminos para llegar a ella. Uno es a través de áreas públicas protegidas a través de alguna categoría, pero también existe la posibilidad que los privados ayuden al Estado en la consecución de estos objetivos sin que pierdan el dominio sobre el área protegida.
¿El Estado financiaría esa protección de áreas privadas?
A través de fondos que ayuden a la conservación del área protegida privada que está adherida a este sistema nacional.
¿Cuáles serán los requisitos?
Aquí el criterio clave tanto para las áreas protegidas públicas como privadas es que se les van a exigir requisitos tanto técnicos como económicos. Esto es valioso porque va a significar que el Estado no tenga que expropiar o comprar tierras a privados para cumplir con los compromisos y objetivos de biodiversidad.
Servicio Forestal
¿
Desaparece Conaf con todo esto?
La intención del legislador es que la actual Conaf, que es una corporación de derecho privado, se divida en dos del Estado. Por un lado, un servicio cuya finalidad es la conservación de la biodiversidad y áreas protegidas dependiente del ministerio de Medio Ambiente, y por otro lado, un servicio de fomento forestal que cumpliera las finalidades propias del ministerio de Agricultura.
¿Con esto Conaf no podrá funcionar paralelamente al ser de derecho privado?
No, porque en el fondo los actuales trabajadores de Conaf pasarán al Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas, y los otros que pasan al Servicio de Fomento Forestal.
¿Cómo van a lograr que personas que trabajan para una corporación privada pasen al sistema público?
Es importante dejar en claro que los trabajadores que pasen a desempeñarse al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas como al Servicio Forestal mantendrán los años de servicio que tenían en la Conaf. Hay normas explícitas en el anteproyecto de ley de que la gente que trabaja en Conaf esté sujeta al Código del Trabajo. Lo que es muy importante destacar es que hay una disposición expresa legal que señala resguarda a los trabajadores.