Al mismo tiempo que intenta salvar un acuerdo de paz con las FARC e inicia conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el gobierno colombiano dará esta semana un paso clave para la estabilidad del país: la presentación de una reforma tributaria que busca hacer frente a la fuerte caída en las rentas petroleras y aumentar la recaudación fiscal.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentó ayer el texto al presidente Juan Manuel Santos, quien tendrá la última palabra. Medios colombianos esperaban que la iniciativa ingresara hoy al Congreso.
La discusión comenzará con un Ejecutivo debilitado por el resultado del referendo sobre el documento firmado por Santos y los líderes de la mayor guerrilla del país, que fue rechazado por 50,2% de los votantes.
Más IVA, menos aporte empresarial
El fisco colombiano apuntará a aumentar su recaudación de manos de personas naturales en unos 12 billones (millones de millones) de pesos colombianos (US$ 4.100 millones). Una de las vías para lograrlo será simplificar el sistema del impuesto a la renta y combatir a la evasión, pero será inevitable un aumento de impuestos. En el centro de la discusión estará el IVA, actualmente en 16%, y que podría llegar a un 18%, un punto menos de lo que el gobierno esperaba originalmente. Según cifras entregadas ayer por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), durante los primeros ocho meses de 2016, dicho ítem representó cerca de un quinto de la recaudación del fisco: 21 billones de pesos de los 101 billones recolectados.
“La reforma es impopular, pero necesaria”, señaló el ministro Cárdenas, en declaraciones recogidas por El País. Agregó que la tramitación de la iniciativa es fundamental para compensar la caída de los ingresos petroleros en más de 23 billones de pesos colombianos este año.
Pese a la derrota en el plebiscito, la autoridad aseguró que “el gobierno tiene las mayorías en el Congreso y tiene básicamente el respaldo de una coalición que lo acompaña en proyectos complejos”.
Otra de las ideas que evalúa el Ejecutivo es cobrar impuestos a las entidades sin fines de lucro, como universidades, iglesias y fundaciones.
En el sector empresarial, esperan que estas instituciones paguen impuestos cuando realicen actividades de naturaleza comercial, como administrar estacionamientos o centros de convenciones.
Empresas expectantes
El sector empresarial espera que sus impuestos, que hoy pueden llegar a superar el 50% en los casos más dramáticos, se reduzcan para incentivar la inversión e impulsar la competitividad del país, que, en un contexto de desaceleración latinoamericana por el bajo precio de las materias primas, ha logrado un crecimiento superior al 3%.
El presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN), Santiago Montenegro, dijo a El Colombiano que espera que la reforma sea “estructural y que no sólo mire la parte formal, sino que se creen los incentivos para reducir la informalidad, la evasión y la elusión, lo que permitiría recaudar un monto significativo de recursos sin afectar a las empresas”.
Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera y su Logística (Colfecar), Juan Carlos Rodríguez Muñoz, señaló que la iniciativa debe incentivar la formalización de las empresas y castigar a las que actúen desde la informalidad.
El país también ve frenada su inversión por la percepción de inseguridad jurídica. Un ejemplo es el de la minera AngloGold Ashanti, que ha invertido US$ 900 millones desde hace más de diez años y aún no ha comenzado a producir.
En una nota de Reuters, el director de Asuntos Corporativos, Juan Camilo Nariño, sentenció: “a mí díganme cómo son las reglas del juego y yo me ajusto a ello, las analizo y tomo la decisión si hago las inversiones en el país o no, pero no me digan en la mitad (del camino) que no es constitucional”.
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