El Gobierno de Perú dejará sin efecto el contrato suscrito con un consorcio argentino-peruano para la construcción del nuevo aeropuerto internacional del Cusco, según informó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra.
El ministro declaró al programa dominical Cuarto Poder, de la cadena peruana América Televisión, que se mantiene la intención de construir el aeropuerto en la localidad de Chinchero, a unos 30 kilómetros de la ciudad del Cusco, pero "definitivamente" no puede ser ejecutado por el consorcio Kuntur Wasi.
El proyecto fue adjudicado en 2014 a ese consorcio, integrado por la argentina Corporación América y la peruana Andino Investment Holding, que pidió que el Gobierno aumentara su aporte financiero, ante su incapacidad para encontrar la financiación para iniciar las obras.
Vizcarra confirmó que la decisión dejará sin efecto el contrato y la adenda que negoció con Kuntur Wasi, que fue rechazada por la oposición política y motivó que el ministro fuera interpelado el jueves pasado por el pleno del Congreso.
Detalló que el viernes se reunió con el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, el contralor general, Edgar Alarcón, y su equipo técnico para analizar el tema, y concluyeron que aún "no hay una coincidencia de opiniones" sobre la ejecución de la obra.
"Entonces, si no se generan consensos, si no se han disipado las dudas por más esfuerzo que hemos puesto, tenemos que tomar decisiones. Ya lo hemos hecho, que es precisamente dejar sin efecto el contrato y la adenda", reiteró.
Según esa adenda, el aeropuerto iba a costar US$ 520 millones, de los que US$ 410 millones serían cubiertos por el Ejecutivo y US$ 110 millones por el concesionario, el consorcio Kuntur Wasi, que iba a tener la concesión de operación y mantenimiento de la instalación durante 40 años.
Las obras comenzaron el tres de febrero pasado, pero pocos días después fueron paralizadas ante la decisión de Vizcarra de suspender la aplicación de la adenda hasta que fuera revisada por la Contraloría.
Vizcarra dijo el jueves ante el Congreso que la postergación del proyecto "generaría altos costos sociales y económicos para el Estado" e insistió en que si el contrato se rompía unilateralmente el consorcio podría demandar un juicio y arbitraje.
Sin embargo, tras conocerse la decisión de dejar sin efecto el contrato, el parlamentario fujimorista Daniel Salaverry consideró que la medida "compromete aún más" la situación de Vizcarra.
"No lo exime de la responsabilidad política de haber firmado una adenda apresurada en condiciones que no eran las mejores", remarcó antes de añadir que la decisión "desbarata toda la argumentación que hizo de que esto iba a ser beneficioso para el país y que se iban a ahorrar millones de dólares."
Salaverry también consideró probable que Vizcarra se haya adelantado a un informe poco favorable de la Contraloría y dejó abierta la posibilidad de que el Congreso lo censure.
El congresista Víctor García Belaunde, del partido centrista Acción Popular, también dijo hoy que Vizcarra debería renunciar al cargo "antes de esperar la censura."
"Es cierto que hay una responsabilidad política de la cual no se va salvar", comentó en el Canal N de televisión.
Kuntur Wasi, por su parte, emitió un comunicado en el que lamentó la decisión del Gobierno y anunció que evalúa las acciones legales que tomará tras la cancelación del contrato.
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