A mediados de abril, un cartero de Florida llamado Doug Hughes sobrevoló en girocóptero -una aeronave giratoria que utiliza una hélice para volar en vez de alas- sobre el espacio aéreo más vigilado del mundo y aterrizó en el jardín del Congreso de Estados Unidos. ¿Su misión? Entregar 535 cartas, que él mismo había escrito, a cada uno de los representantes y senadores, abogando por reducir la influencia de grandes sumas de dinero anónimo en los procesos políticos de EEUU.
Al igual que en Chile, donde la polémica por el caso Penta y el financiamiento irregular a los políticos llevó a la presidenta Michelle Bachelet a anunciar la semana pasada restricciones al financiamiento de las campañas, en los últimos días han habido llamados crecientes de la opinión pública estadounidense y de algunos políticos para controlar el dinero que las empresas y los individuos están aportando a la carrera presidencial de 2016.
En las elecciones parlamentarias de mitad de período de 2014, los partidos y los candidatos gastaron US$ 3.700 millones. Esa cifra podría subir a US$ 5 mil millones en la carrera por la Casa Blanca.
En 2002, el Congreso de EEUU aprobó límites al financiamiento de campañas, pero en 2010 la Corte Suprema falló que algunas partes de la ley violaban el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda. Los fallos de Citizens United y SpeechNow removieron la prohibición de gasto político por parte de las empresas y sindicatos, permitieron las contribuciones anónimas y eliminaron los límites a las contribuciones de personas.
De forma paralela, surgieron los Comité de Acción Política (PAC, su sigla en inglés), que pueden recaudar fondos ilimitados, pero por ley deben mantenerse totalmente alejados de los candidatos y sus organizaciones de campaña. En contraste, los comité de campaña tradicionales de los candidatos tienen un límite de contribución de US$ 2.700 por donante. Por su parte, la Comisión Federal de Elecciones (FEC, su sigla en inglés), perdió su poder al quedar trabada por tener igual número de integrantes republicanos y demócratas.
Clinton vs. Bush
La ex secretaria de Estado y precandidata demócrata Hillary Clinton aseguró al anunciar su candidatura que la reforma al financiamiento electoral será uno de los cuatro "pilares" de su campaña, "incluso si eso obliga a realizar una enmienda constitucional". La campaña de Clinton se ha centrado en atraer a pequeños donantes, lo que logró efectivamente el presidente Barack Obama en sus dos campañas.
En contraste, el ex gobernador de Florida Jeb Bush ha sacado provecho de su estatus como "candidato presidencial aún no declarado" para recaudar fondos sin ningún tipo de restricción a sus contribuyentes.
El republicano ha encabezado 60 eventos para recaudar fondos en lo que va del año y, en el más reciente de ellos, en Miami Beach, aseguró que rompió un récord en recaudación de dinero en sus primeros 100 días como posible candidato. Pese a que la cifra no fue revelada, muchos republicanos esperan que el monto sume US$ 100 millones cuando Bush declare su candidatura.
La estrategia de Bush es delegar responsabilidad en su súper PAC, denominado "Right to Rise", poniéndolo a cargo de la publicidad televisiva y los correos directos. Se espera que Bush no lance su campaña hasta junio, lo que le da más tiempo para recaudar dinero a través de su súper PAC antes de que la ley le prohíba coordinarse con la organización.
Los asesores de Clinton dicen que US$ 100 millones es su modesta meta para la campaña primaria completa. La realidad es que ambas campañas podrían reunir más de US$ 1.000 millones si se convierten en el nominado de su respectivo partido.
Crecen los cuestionamientos
Dos grupos -Campaign Legal Center y Democracy 21- denunciaron ante la FEC a Bush y otros candidatos, como el gobernador de Wisconsin Scott Walker y el ex senador por Pensilvania Rick Santorum (todos republicanos), por estas prácticas.
Clinton tampoco se ha salvado de las críticas. La fundación de Hillary y su marido, el ex presidente Bill Clinton, ha recaudado millones de dólares de empresas e individuos extranjeros y no ha sido lo suficientemente clara en especificar quiénes son sus principales donantes.
"Que la fundación acepte grandes sumas de dinero de extranjeros generará preguntas sobre si esos donantes obtendrían un tratamiento favorable si Hillary Clinton llega a la Casa Blanca", dijo a Bloomberg Viveca Novak, directora de comunicaciones del Center for Responsive Politics, un grupo que monitorea el flujo de dinero en la política de EEUU.
Mientras Hillary fue secretaria de Estado, la fundación se comprometió a restringir las donaciones de gobiernos extranjeros y revelar a todos sus donantes. En 2009 obtuvo US$ 122 millones de apoyo gubernamental. Pero entre 2010 y 2013 no reportó financiamiento estatal. Ante esto, la fundación inició a fines de abril un proceso voluntario de revisión externa.
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