La presidenta brasileña Dilma Rousseff quedó un paso más cerca de la impugnación ayer, cuando un miembro clave del comité de diputados que analiza la petición aseguró que hay bases para que el Senado la enjuicie por manipular las cuentas del presupuesto de 2014 (lo que se conoce como “pedaladas fiscales”) para impulsar sus perspectivas de reelección.
El diputado Jovair Arantes le dijo al comité de 65 miembros de la cámara baja que había “indicios mínimos” de que Rousseff había cometido un crimen de responsabilidad, pero que es el Senado la institución que debe juzgar a la mandataria.
Arantes es el relator del caso, es decir, el comité le asignó la tarea de revisar la acusación y elaborar un informe. El comité votará este informe el lunes y entregará los resultados al plenario de la cámara baja, para que éste realice una votación final sobre la apertura de un proceso de impeachment, lo que podría suceder a fines de la próxima semana. Si dos tercios de la cámara aprueban la moción, el caso pasará al Senado, que será responsable de recolectar pruebas y enjuiciar a Rousseff.
Si no recibe el respaldo del Congreso, Rousseff –la primera mujer presidenta de Brasil- podría ser destituida de su cargo en mayo.
Atentados gravísimos
Según Arantes, el retraso en las transferencias de recursos del Tesoro a los bancos estatales, “evidentemente” quebrantó las reglas de responsabilidad fiscal y podría ser la base para impugnarla.
“Si se confirman (las acusaciones), no representan actos de gravedad menor o de mero tecnicismo contable, presupuestario o financiero. Por el contrario, este tipo de actos revelan serios indicios de atentados gravísimos y sistemáticos a la Constitución Federal, en diversos principios que estructuran nuestro Estado democrático de derecho”, escribió Arantes.
“La magnitud y el alcance de las violaciones practicadas por la presidenta constituyen un desvío grave de sus funciones, con perjuicios para los intereses de la nación y con la pérdida de confianza que en ella fue depositada. Este tipo de actos justifican la apertura de un mecanismo excepcional de impugnación”, dijo el parlamentario.
“Los brasileños merecen una respuesta que sólo se puede entregar en un juicio a Rousseff en el Senado”, aseguró.
Líder del Partido Laborista Brasileño (PTB) desde hace diez años, Arantes se reunió con su bancada antes de entregar el informe. La bancada de la colectividad en la cámara baja se declara independiente, pero en su mayoría está a favor del impeachment, pese a que mantiene un puesto en el gabinete.
Pero el día no fue totalmente negativo para Rousseff, porque el presidente del Partido Progresista (PP), el senador Ciro Nogueira, afirmó que su directiva -que debate si mantenerse o no en la coalición de gobierno- orientará a sus parlamentarios a que voten en contra de la impugnación. Eso sí, esto no se traducirá inmediatamente en un voto a favor del gobierno, ya que cada diputado tiene libertad para resolver. Nogueira dijo también que 40 de sus 57 parlamentarios defenderán la posición de permanecer en el gobierno cuando el partido se reúna la próxima semana.
Proceso contra Temer
La presidenta no es la única funcionaria cuestionada. El martes un ministro de la Corte Suprema emitió un fallo donde afirma que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (del Partido de Movimiento Democrático Brasileño, PMDB), debe dar curso al pedido de impugnación que recibió en contra del vicepresidente Michel Temer (PMDB).
Como respuesta, Cunha manifestó que no iniciará un proceso hasta que esa decisión sea ratificada por el pleno del Supremo Tribunal Federal. Pero ayer el ministro Marco Aurélio Mello volvió a arremeter advirtiendo que Cunha cometerá un crimen de responsabilidad si no cumple el fallo.
El complejo escenario que enfrenta Temer, quien asumiría la presidencia si Rousseff es destituida, ha hecho que aumenten los llamados a solucionar la crisis política que ha paralizado a Brasil adelantando las elecciones presidenciales, programadas para 2018.
Pero el presidente del Congreso, el senador Renan Calheiros (PMDB), fue un paso más allá y abogó por convocar a un plebiscito para “escuchar a la sociedad”.
El periódico Folha de Sao Paulo publicó ayer que cercanos a Calheiros quieren articular la aprobación de un plebiscito para octubre. La idea sería consultar a la población sobre dos puntos: la anticipación de la elección de presidente, parlamentarios y gobernadores, la que se llevaría a cabo seis meses después, y el cambio del sistema de gobierno.
“No se puede descartar ningún escenario, tiene que ser tomado en cuenta, sumado, para que podamos tener salidas mañana. Hay corrientes que defienden hacer un plebiscito, oír a la sociedad. Y oír a la sociedad nunca será una mala idea”, aseguró Calheiros.
petrobras sobrestimó proyectos
La directora ejecutiva de Petrobras sabía, ya en 2014, que la rentabilidad de sus 59 principales proyectos en operación se vería reducida en US$ 45 mil millones, o 165 mil millones de reales al tipo de cambio actual, respecto de lo esperado, debido a las proyecciones demasiado optimistas en los cálculos que se realizaron cuando se aprobaron estas inversiones.
La información figura en reportes internos de la petrolera estatal, clasificados con grado máximo de sigilo, que fueron entregados a los consejos de administración y fiscal la semana pasada, en la forma de una denuncia anónima de funcionarios. La documentación completa fue obtenida de forma exclusiva por el periódico Valor.
Cuando se aprobaron los proyectos se esperaba un retorno de US$ 109 mil millones, pero esta cifra bajó más de 40% por variaciones negativas en las premisas usadas para los plazos, producción, costo, operaciones e inversión.
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