Fiscalía española acusa al gobierno catalán de rebelión y Puigdemont se refugia en Bruselas

Madrid dio ayer un nuevo paso para estrechar su poder sobre la rebelde región de Cataluña tras revocar su autonomía el viernes. La Fiscalía nacional presentó querellas contra el gobierno y el parlamento catalán por haber declarado la independencia unilateral, acusaciones que podrán costar a la máxima cúpula de la región más de 30 años en la cárcel.

Los cargos contra el cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y trece de sus exministros incluyen rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, y serán presentados ante la Audiencia Nacional. “Con sus acuerdos, posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para el desarrollo y la culminación del proceso independentista”, señaló en la querella el fiscal general, José Manuel Maza.

La institución también presentó una acusación separada ante la Corte Suprema en contra de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la mesa. “La consigna repetida desde el Govern, los grupos parlamentarios independentistas y las entidades soberanistas de la ‘resistencia pacífica’ no era sino un eufemismo de lo que en realidad consistía en una incitación (…) para que se opusieran e hicieran frente a la actuación de los agentes de la autoridad”, aseguró la Fiscalía.

La querella exige una fianza de 6,2 millones de euros y prevé la “inmediata detención” de los exlíderes catalanes al no presentarse al llamado de las autoridades.

Puigdemont en fuga

Al mismo tiempo que la Fiscalía presentaba las acusaciones en su contra, se divulgó que el cesado presidente de la Generalitat había viajado junto a cinco miembros de su gabinete a Bruselas, en una visita no anunciada y sin fecha de término que fue calificada por los medios españoles como un “refugio” y por algunos dirigentes políticos como una “fuga”.

Según informó el canal estatal belga VRT, Puigdemont viajó a la capital europea para reunirse “con abogados y representantes políticos”, un hecho confirmado a La Vanguardia por Paul Beckaert, abogado de la organización terrorista ETA, quien defenderá al expresidente.

El abogado local de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, en tanto, insinuó que no puede asegurar que el sustituido presidente de la Generalitat comparezca ante la Audiencia Nacional si se admite la querella.

El coordinador general del Partido Popular de Mariano Rajoy, Fernando Martínez Maíllo, aseguró que el viaje del expresidente era fruto de la “desesperación”.

Ante las críticas generadas, el vicepresidente de la Generalitat cesado, Oriol Junqueras, aseguró a última hora de ayer que Puigdemont se pronunciará hoy “sobre la cuestión de asilo en Bélgica”. El viaje se conoció un día después de que el secretario belga de Migración y Asilo, Theo Francken, insinuó que el país podía dar asilo al expresidente, lo que fue descartado por el primer ministro Charles Michel.

Partidos se dividen

Mientras las calles de Barcelona volvían a la normalidad y el llamado de desobediencia a los funcionarios públicos no fue acogido, las fuerzas independentistas también parecían estar asumiendo su derrota.

Ayer, dos partidos independentistas catalanes, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Demócrata Europeo Catalán (PdeCat), anunciaron que van a participar en las elecciones convocadas por Madrid para el 21 de diciembre. “Nos veremos en las urnas”, afirmó la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal.

Sin embargo, el principal aliado de Puigdemont, el CUP, declaró a través de la diputada Mireia Boyaha que el partido “no acata ni acatará” la aplicación del artículo 155 y, por tanto, “confrontará” la convocatoria de comicios, sin especificar cómo.

Rajoy encabezó ayer la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, donde, según fuentes, destacó la normalidad con la que se está poniendo en práctica el Artículo 155, agregando que con estas medidas España ha demostrado que es capaz de defenderse frente a quienes pretendían liquidarla.

Por otro lado, el gobierno pidió al Tribunal Constitucional suspender la declaración unilateral de independencia que “tiene evidentes efectos jurídicos y vinculantes”, en una decisión que sería tomada hoy.

Tras la incertidumbre de la semana pasada, la bolsa española reflejó la sensación de calma que intentó inyectar Rajoy, con el Ibex avanzando 2,44%, su segunda mayor alza del mes, y cerrando en 10.446 puntos.