París
Francia empezó una esperada ronda de privatizaciones al confirmar los planes de vender participaciones en el operador de aeropuertos ADP, junto con la empresa de energía Engie y el monopolio de juegos Française des Jeux. El lunes se presentará una ley que permitirá las ventas y se espera que entre en vigor a principios de 2019. Cuánto porcentaje se venderá de cada compañía, y cómo, no se decide todavía, dijo a Financial Times una persona con conocimiento de la situación.
Las acciones de ADP, que opera Paris Charles de Gaulle y los aeropuertos de Orly (y que además posee un 45% de Nuevo Pudahuel, el grupo concesionario del aeropuerto Arturo Merino Benítez), cerraron con un alza de 5,99% ayer. El Estado francés posee un 50,6% de la empresa y se espera que ceda el control mayoritario.
Francia tiene cerca de 15 mil millones de euros comprometidos en la empresa, según el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, en una entrevista con el diario francés Les Echos. El gobierno quiere usar el dinero de la venta de activos para reducir su déficit y crear un fondo de innovación de miles de millones de euros.
Estado regulador
“Es una cuestión de repensar el lugar del Estado en la economía francesa”, dijo Le Maire. “Queremos establecer los mejores términos para defender el interés general. Creemos que el Estado está mejor capacitado para defender el interés general a través de la regulación, que con presencia en el capital”.
El Estado “debe mantener su presencia en actividades de soberanía nacional, como la energía nuclear o la defensa, además de servicios públicos importantes como la SNCF (el operador ferroviario propiedad del Estado)”, agregó el ministro.
El enfoque de Macron hacia la SNCF representa un contraste con sus planes de salir del capital de activos que no considera estratégicos.
El parlamento francés aprobó ayer una ley que reforma a la SNCF antes de la apertura de su mercado doméstico a la competencia dictada por la Unión Europea. Las reformas, en particular el fin del estatus de empleo especial para los trabajadores ferroviarios, han provocado paros y protestas que generaron caos a los usuarios del transporte francés.
Sin embargo, pese a la oposición sindical, el gobierno de Macron ha presionado por las reformas al sector con menos concesiones, aun cuando ha delineado planes para reducir gradualmente los miles de millones de carga de deuda de la SNCF. Los planes de privatizar ADP, antes conocido como Aéroports de Paris, también ha probado ser polémico ya que el gobierno debía decidir si deseaba mantener control del terreno, que está en manos de ADP a través de una licencia perpetua.
Según Le Maire, el gobierno entregará al operador de aeropuertos una licencia por 70 años para operar el terminal, después del cual el activo, incluido el terreno, regresarán al Estado. El gobierno mantendrá un veto sobre las ventas de activos durante el período de licencia y los términos del contrato, incluyendo cobros de aeropuerto, serán revisados cada cinco años.
Vinci, el operador francés de construcción e infraestructura, tiene un 8% de ADP y es visto como un postor probable para cualquier porcentaje que el Estado venda (Vinci posee un 40% de Nuevo Pudahuel).
El Estado fortalecerá la regulación de juegos antes de la venta de FdJ, que no cotiza en bolsa, y también mantendrá una participación dorada en Engie, que le permita bloquear ventas de activos considerados estratégicos.
El impulso por una menor participación en las empresas ha estado creciendo en Francia, con el auditor nacional, Cour des Comptes, diciendo en 2015 que en algunos casos la demanda del gobierno por altos dividendos era en “detrimento de largo plazo de los negocios”.
Francia tiene 100 mil millones de euros en capital en 81 compañías francesas, que van desde empresas de defensa como Safran a automotoras como Renault y el grupo nuclear EDF.
El año pasado, el Estado vendió una participación de 4% en Engie por 1.500 millones de euros, reduciendo su propiedad a cerca de 25%.
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