La denuncia de violación que interpuso una mujer de 37 años en Lima, Perú, en medio del censo nacional en ese país el 22 de octubre es el mayor de los problemas que dejó el catastro, pero está lejos de ser el único.
La mujer acusó que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), responsable del Censo 2017, no le brindó ningún tipo de seguridad al momento de realizar su labor, y el caso actualmente se encuentra en manos de la justicia, con una pena de 25 años de presidio solicitada para el principal sospechoso.
El incidente es sólo uno de los muchos cuestionamientos que está sufriendo el catastro, implementado por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Funcionarios han tenido que salir a defender la confiabilidad del ejercicio, ante las críticas de expertos.
En entrevista con el diario peruano Gestión, el director de Ipsos Perú, Alfredo Torres, criticó que “el número de preguntas fue elevado para un censo”, que muchas de ellas “no venían al caso y estaban fuera de lugar” y que los censistas “no estaban bien capacitados”.
Muchos de los 600 mil empadronadores acusaron que no recibieron los pagos en los tiempos comprometidos. Acuerdos suscritos por el INEI con universidades también han generado suspicacias, ante el temor de que se viole el derecho a la privacidad de las personas.
Los cuestionamientos llevaron al director del INEI, Aníbal Sánchez, a presentar su renuncia al cargo la semana pasada, tras admitir que “hemos experimentado problemas logísticos que reconozco han ocasionado inconvenientes”.
Tras aceptar esa dimisión, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, manifestó en Twitter que “nos comprometemos a que los resultados del Censo 2017 tengan datos precisos, confiables y de calidad”.
La polémica abre un nuevo flanco de cuestionamientos para PPK, quien hace sólo algunas semanas renovó a su gabinete completo, luego de que el Congreso, dominado por el fujimorismo, rechazara a su equipo en un voto de confianza.
El cuestionario
“Muchas de estas preguntas se pueden obtener con un buen resultado en una encuesta”, manifestó Torres, quien criticó, además, que algunas de los ítems del cuestionario generaron suspicacias.“Había preguntas, como las que tenían que ver sobre las limitaciones físicas con la pregunta esa de ¿usted no puede leer bien aunque use anteojos?”, manifestó. En otra, se consultaba dónde estaba ubicado el recinto en el que estudia el individuo.
Otra polémica se suscitó por el acceso a los datos. De cara al catastro, el INEI suscribió convenios con una serie de universidades, a las cuales se les entregaría acceso a los resultados definitivos.
Gran parte de esas casas de estudio tienen vínculos con figuras políticas como el excandidato presidencial César Acuña, el exparlamentario José Luna y el exministro del Interior Fernando Barrios. Una de ellas tiene por director al tío del exsecretario general del partido fujimorista Fuerza Popular.
Según Sánchez, la firma de los convenios buscó estimular la participación de estudiantes y docentes, y aseguró que, por ley, la información entregada a las instituciones no individualizaría a las personas.
Las casas de estudio han salido a defender que el convenio tuvo fines académicos y que se respetaría la confidencialidad de los datos.
Problemas logísticos
Sumado a todo ello, el 22 de octubre hubo masivas denuncias de personas no censadas, pese a lo cual Sánchez aseguró que entre 2% y 3% de las viviendas habían quedado fuera del catastro. También informó que la inversión por persona censada fue de US$ 2,08, uno de los más bajos de la región. En las zonas rurales el ejercicio se continúa aplicando hasta el 6 de noviembre.
Al respecto, Aráoz señaló que “es evidente que hubo algunas fallas en la organización operativa de la jornada del domingo, pero es habitual que las mismas se subsanen en el período posterior al censo central”.
Añadió que “hemos dado instrucciones muy precisas para que este proceso continúe, a fin de reducir al máximo el margen de no cobertura”.
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