En medio de una violenta guerra contra las drogas, que en casi cinco meses lleva más de 2.000 muertes a manos de la policía y otras 3.000 en investigación, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, subió el tono de sus llamados a implementar mano dura por parte de los oficiales, al punto de arriesgarse a ser sometido a un juicio político.
Así lo reconocieron senadores del país, luego de que el jefe de Estado asegurara que, cuando era alcalde de Davao, solía recorrer las calles en una motocicleta buscando “un encuentro para asesinar”, con el fin de demostrar a las autoridades policiales que la medida es posible. “Yo solía hacerlo personalmente. Si puedo yo, ¿por qué ustedes no?”, sostuvo.
“Las matanzas masivas ciertamente caen dentro de la categoría de crímenes graves, que pueden generar un impeachment bajo la constitución”, sostuvo la senadora Leila de Lima, una de las más críticas contra la gestión de Duterte.
El presidente de la Comisión de Justicia de la cámara alta, Richard Gordon, manifestó que no estaba sorprendido por las declaraciones del mandatario y señaló que “es cierto que se abre a poder ser juzgado en una impugnación”.