“Es hora de poner fin a este desgarro”, dijo ayer el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, al presentar ante el Congreso su visión sobre el conflicto desatado con Cataluña, que el martes declaró su independencia para luego suspenderla y presionar a La Moncloa a que se abra a negociar.
Pero una negociación, señaló el mandatario, no va a ocurrir.
“No es posible establecer un diálogo sobre lo que prohíbe la Constitución”, sostuvo ante los parlamentarios y reafirmó que el referendo del 1 de octubre, en que más de 2 millones de catalanes votaron por la secesión, “no fue un ejercicio democrático. No resiste prueba de transparencia, neutralidad y control de veracidad del resultado”.
Horas antes de su intervención en el Congreso, el jefe de gobierno había oficiado al líder catalán, Carles Puigdemont, pidiéndole que aclarara si se declaró o no la secesión en el acto del martes. Ello, detalló, es un paso “previo a cualquiera de las medidas que el gobierno pueda adoptar al amparo del artículo 155 de la Constitución”.
Dicho mecanismo le permitiría a Madrid tomar control de las instituciones catalanas sin excepción, a fin de lograr, según la Carta Magna, “el cumplimiento forzoso de obligaciones o la protección del mencionado interés general”.
La Constitución española no establece plazos, pero Rajoy sí los dictó. La Moncloa esperará una respuesta hasta el lunes a las 10:00 am hora española y, si Barcelona contesta que se declaró la independencia, Madrid dará plazo hasta el jueves para que la situación se rectifique. De lo contrario, intervendrá la región, lo que podría terminar, incluso, con el arresto de Puigdemont.
Ante el Congreso, el jefe de gobierno reiteró su llamado a los líderes catalanes a “volver a la legalidad” y aseguró que cualquier medida se aplicará “con serenidad, con prudencia y con el objetivo último de recuperar la convivencia”.
Respaldo político
Las medidas que defina Rajoy para retomar el control de Cataluña deberán ser aprobadas por una mayoría absoluta en el Senado, que su partido, el PP, ya posee, por lo que el mandatario nunca necesitó apoyo de otros partidos para invocar el artículo 155.
De hecho, su socio de coalición, Ciudadanos, llevaba semanas pidiendo suspender la autonomía catalana, pero el jefe de gobierno buscaba un respaldo amplio antes de tomar la decisión, para no arriesgar su gobierno de minoría.
La decisión de ayer llegó después de que el mayor partido de oposición, el PSOE, anunciara su apoyo. El líder de la colectividad, Pedro Sánchez, manifestó que respaldará “una respuesta mesurada y proporcionada que ayude a resolver esta crisis”.
Quiebres en Barcelona
En tanto, en la Generalitat, el frágil pacto que mantiene a Puigdemont como presidente regional comienza a quebrarse. La decisión del president de suspender la independencia y abrir un espacio de diálogo sin plazos concretos molestó al partido Candidatura de Unidad Popular (CUP), del ala más radical del separatismo.
Ayer, dirigentes de la colectividad reconocieron que evalúan abandonar al líder regional, lo que podría desembocar en nuevas elecciones en la comunidad autónoma.
“La confianza en el Govern ha sido tocada”, dijo el portavoz del partido, Quim Arrufat, quien agregó que “la CUP no permitirá que esta legislatura acabe sin la aplicación de los resultados del referendo”.
Por su parte, la diputada Eulália Reguant, manifestó que Puigdemont “nos ha fallado”.
La alianza de la CUP con el partido de Puigdemont, Junts pel Sí, mantiene un gobierno de minoría que es posible gracias a las discrepancias entre los otros grandes actores presentes en la región. Ello podría cambiar si se celebran nuevos comicios.
Buscando calmar los ánimos, el portavoz de la Generalitat, Josep Turull, enfatizó ayer que, tras la firma y suspensión de la independencia, “estamos en tiempo muerto, lo que no significa que hayamos dado un paso atrás”.
El funcionario también insistió en los llamados al diálogo a La Moncloa. “Sentémonos, hablemos y no sigan con estas dinámicas que no son propias del siglo XXI”, manifestó.
Por su parte, en una entrevista con CNN, Puigdemont pidió a Madrid una negociación “sin condiciones previas” y aseguró que “hay una mayoría de gente que quiere un Estado independiente”.
Reforma constitucional
El apoyo del PSOE a Rajoy no fue gratis. Para lograrlo, el mandatario puso sobre la mesa una reforma a la Constitución española, vigente desde 1978, en el ocaso de la dictadura de Francisco Franco.
Según Sánchez, el acuerdo, sellado el martes, tras el discurso de Puigdemont, incluye la activación inmediata de una comisión de estudio y modernización en la cámara baja nacional, que funcionará durante seis meses, para luego abrir el debate de una reforma a la Carta Magna en el pleno del parlamento.
El propio líder del gobierno español mencionó esa posibilidad en su discurso ante el Congreso. “Incluso la Constitución se puede modificar”, manifestó, “pero sólo a través de las reglas y procedimientos previstos para ello”.
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