La economía de Brasil siguió a la baja durante el tercer trimestre de 2016, lo que se traduce en su séptimo resultado negativo consecutivo, y se contrapone a las expectativas que tenía el gobierno de que, tras la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff, un alza en la confianza de los consumidores y de las empresas pudiera generar un repunte.
El Producto Interno Bruto (PIB) del país se contrajo 0,8% entre julio y septiembre frente a los tres meses anteriores, luego de ajustes por estacionalidad, según reportó ayer el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en línea con las previsiones de analistas de Reuters.
En cuanto al dato acumulado en los primeros nueve meses del año, la retracción fue de 4% en comparación con el mismo período de 2015, su mayor caída desde 1996.
Por el lado de la oferta, el PIB de la industria disminuyó 1,3%, mientras que el sector de los servicios tuvo una contracción de 0,6% y la agricultura de 1,4%.
Por el lado de la demanda, el consumo de las familias cedió un 0,6% y el de las agencias del gobierno cayó 0,3%, en línea con la previsión del mercado.
La decepcionante actuación de la economía brasileña ha llevado a economistas a rebajar sus pronósticos de crecimiento para 2017 a un nivel en torno a 1%, aunque algunos no descartan un tercer año de recesión en la que sería la peor depresión en la historia del país.
La debilitada economía además ha aumentado la presión para que el banco central reduzca el costo del crédito. La entidad bajó ayer la tasa Selic en un cuarto de punto a 13,75%. Este es el segundo recorte consecutivo tras reducir los tipos en la misma proporción en octubre, cuando aplicó la primera reducción en tres años.
Techo al gasto público
En medio de violentas protestas frente al Senado, y a pesar de la crisis política que afecta al entorno del presidente Michel Temer, la Cámara Alta aprobó ayer en primera instancia y con amplia mayoría (61 votos a 14) el texto base de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que busca crear un nuevo régimen fiscal e imponer un límite al gasto público indexándolo a la inflación durante 20 años.
La iniciativa del jefe de Estado ha sido altamente cuestionada por la oposición, grupos sociales y los sindicatos, que denuncian que perjudicará a servicios esenciales para la población, como la salud y la educación.
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