Cinco países latinoamericanos solicitarán a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad, en una escalada de la presión internacional contra el presidente Nicolás Maduro y una medida que, en última instancia, podría construir un caso para una intervención.
Estados Unidos también está aumentando su presión sobre Caracas, sancionando por corrupción el martes a cuatro altos funcionarios venezolanos, incluida la primera dama Cilia Flores, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, y el ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente, Delcy Rodríguez. Hablando en la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que Estados Unidos estaba pidiendo "la restauración de la democracia en Venezuela".
Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay presentarán su solicitud a la corte con sede en La Haya el miércoles, dijeron funcionarios cercanos a la situación. Canadá también estaría considerado unirse.
Su solicitud cita múltiples presuntos casos de abusos contra los derechos humanos, incluidas más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales, y se produce cuando casi 4 millones de personas han huido del país en un éxodo cada vez mayor en comparación con el de Siria. Se pronostica que unos 1,5 millones de venezolanos partirán este año para escapar de una economía que implosiona, la hiperinflación y la creciente represión estatal.
"Nunca antes un país ha sido remitido a la CPI por un estado externo", dijo un diplomático cercano a la situación. "Este es un gran paso". Es histórico".
Al mismo tiempo, en un aparente movimiento diplomático de pinzas, Washington dijo que apuntaba a cualquier activo con sede en EEUU perteneciente a algunos de los asesores más cercanos de Maduro, incluido un jet privado de US$ 20 millones propiedad de un presunto líder para Diosdado Cabello, ampliamente considerado como el segundo hombre más poderoso de Venezuela.
Estados Unidos "seguirá imponiendo un costo financiero a los responsables del trágico declive de Venezuela, y las redes y hombres fachada que utilizan para enmascarar su riqueza ilícita", dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos.
La iniciativa latinoamericana se basa en un expediente de presuntos abusos contra los derechos humanos ya presentado por la Organización de Estados Americanos, una agrupación de 35 estados independientes de las Américas. La solicitud también podría allanar el camino para que la ONU invoque su "responsabilidad de proteger", una promesa de 2005 respaldada por todos los miembros de la ONU para prevenir el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad.
Las sanciones de Estados Unidos y el llamado de sus homólogos latinoamericanos manchan aún más la desprestigiada imagen pública de Venezuela en medio de la asamblea general de la ONU esta semana. Maduro, cuyo gobierno ha calificado el éxodo de refugiados como una invención de medios alimentada por el Pentágono, no asistirá a la reunión a la que asisten los líderes mundiales, alegando tener conocimiento de una amenaza de asesinato en su contra.
Un supuesto intento de asesinar a Maduro utilizando dos drones repletos de explosivos fracasó el mes pasado durante un desfile militar en Caracas.
La presentación de cinco países de un caso contra Venezuela le permite a la fiscal jefe de CPI, Fatou Bensouda, acelerar ese proceso si decide abrir el caso, pero no desencadena automáticamente una investigación. También intensifica un "examen preliminar" de la CPI sobre los abusos contra los derechos humanos que lanzó en febrero, junto con uno en Filipinas.
"Puede ser difícil decir que este es el primer paso legal para algún tipo de intervención, pero al menos más personas escucharán más sobre la situación de Venezuela", dijo Diego Arria, ex embajador venezolano ante la ONU. "También podría sentar un precedente que se aplique a otros países".
Las múltiples crisis de Venezuela y los presuntos abusos a los derechos humanos, combinados con denuncias de narcotráfico por altos funcionarios y la crisis de refugiados, han alimentado las crecientes demandas de acciones más severas en las últimas semanas por parte de los países de Latinoamérica y EEUU que luchan por absorber a los refugiados venezolanos.
Luis Almagro, el jefe de la OEA, dijo hace diez días que no se debe descartar ninguna opción en la búsqueda de una solución a las crisis de Venezuela. Almagro más tarde aclaró que estaba pidiendo una "intervención diplomática".
A pesar de que EEUU aumentó las sanciones a los funcionarios venezolanos, el consejero de seguridad nacional John Bolton llamó a la CPI "una corte ilegítima" en el último ataque de un funcionario de la administración Trump sobre lo que percibe como un obstáculo para las instituciones internacionales.
"A todos los efectos, la CPI ya está muerta para nosotros", dijo Bolton.
Aparte de EEUU y los principales aliados venezolanos, Cuba y Nicaragua, todos los demás países del hemisferio se han suscrito a la CPI. China, que sigue siendo el aliado comercial más importante de Venezuela, tampoco es miembro.
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