Ucrania y un grupo de acreedores, liderado por fondos de cobertura, no lograron un acuerdo sobre los términos de reestructuración de una deuda vinculada al crecimiento económico por valor de US$ 3.200 millones, antes del pago del próximo mes.
El gobierno y los tenedores de los llamados warrants del PIB, entre los que se encuentran Aurelius Capital Management y VR Capital Group, mantuvieron conversaciones entre el 15 y el 23 de abril, según un comunicado publicado este jueves en la Bolsa de Londres.
"Ucrania tiene la intención de continuar la colaboración con los tenedores de los warrants y considerar todas las opciones disponibles" para su reestructuración, declaró el gobierno en el comunicado.
Los valores, con vencimiento en 2041, no se incluyeron en el acuerdo de reestructuración de la deuda de Ucrania por US$ 20 mil millones del año pasado. Los warrants del PIB recompensan a los inversores cuando la expansión económica real supera 3% anual. Un pago de más de US$ 500 millones vence el 31 de mayo y está vinculado a la expansión en 2023.
Los warrants del PIB bajaron tras la noticia, cayendo hasta US$ 0,69 por dólar antes de recortar sus pérdidas. Los valores, que cotizaban a US$ 0,73 el miércoles, alcanzaron un máximo de alrededor de US$ 0,88 en febrero.
Los bonos ucranianos denominados en dólares fueron los de peor rendimiento entre sus pares de mercados emergentes, según datos recopilados por Bloomberg. El bono cupón cero con vencimiento en 2035 cayó US$ 0,18 a US$ 0,51 por dólar.
“Los warrants del PIB fueron diseñados para un mundo que ya no existe”, declaró el ministro de Finanzas, Serhiy Marchenko. “El modesto crecimiento económico de 2023 no fue señal de una prosperidad creciente, sino una frágil recuperación tras una recesión de casi el 30% causada por la invasión a gran escala de Rusia. Estos instrumentos financieros no deben convertirse en un obstáculo para nuestra recuperación”.
Ucrania ofreció a los acreedores dos opciones: el canje total por bonos soberanos mediante la reapertura de los bonos existentes. Los inversores estaban dispuestos a reestructurar solo el pago de mayo, exigiendo más de US$ 400 millones en efectivo y la conversión de más de US$ 200 millones en nuevos bonos.
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