La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó ayer tratar la apelación argentina contra los fondos buitre por la deuda en default y el país deberá enfrentar ahora pagos por US$ 1.300 millones a los bonistas holdouts (aquellos que no se acogieron a los canjes de 2005 y 2010).
Apenas una hora después de que se conociera la decisión, los holdouts reclamaron la aplicación inmediata de las sentencias que ordenan el pago de esos bonos. El pedido fue presentado por los fondos NML, Aurelius y otros ante la Corte de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York.
La decisión de la Corte Suprema sorprendió a los analistas locales e impactó en los mercados. El Merval cerró con un desplome de 10,09%, hasta situarse en las 7.235,11 unidades. Los derrumbes más importantes los sufrieron: Edenor (20,47%), YPF (12,55%) y Comercial del Plata (11,61%).
Posibilidad de default
Con esa decisión y la necesidad de pagarles a los propietarios de bonos reestructurados a fin de mes, Argentina enfrenta tres posibles escenarios: declararse en default; cumplir con la totalidad del pago; o declarar default técnico e intentar pagar la deuda reestructurada en Buenos Aires.
El gobierno podría intentar pagar la deuda en Buenos Aires en vez de hacerlo en Nueva York, para sortear eventuales embargos. Aunque esa alternativa no evita el default técnico, dejaría la sensación de voluntad de pago de parte del gobierno de Cristina Fernández. En esta maniobra, el Tesoro depositaría los dólares en un banco local (el Banco Nación, por ejemplo), que abriría cuentas para los tenedores de bonos en Caja de Valores para, desde allí, girar los pagos al exterior. Sin embargo, cualquier cambio de las cláusulas contractuales requiere la aprobación del 85% de los tenedores de bonos.
Las otras dos alternativas son más tajantes: se cumple con el total de la deuda antes del 30 de junio o se declara el default y se renegocia nuevamente el 100% de la deuda.
En el primer caso, es probable que el resto de los holdouts en similares condiciones se sumen al litigio, con lo que este monto, según abogados argentinos, podría elevarse hasta US$ 15.000 millones.
Embargo de activos
Con su pronunciamiento, la corte habilitó además a los acreedores a rastrear y pedir embargos sobre activos argentinos en el exterior. Quedan al descubierto, ahora, los activos YPF, los de Enarsa, bancos internacionales y hasta el banco central (BCRA).
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