Jueces cuestionan pieza clave de la reforma a la salud de Obama

Por Alan Rappeport 
en Washington



Los jueces liberales de la Corte Suprema de Estados Unidos argumentaron que algunas partes de la reforma a la salud del presidente Barack Obama deberían mantenerse, incluso si sus contrapartes conservadores dictaminan que el mandato para comprar seguros debe ser derogado.

La corte concluyó ayer tres días de argumentos en el histórico caso, enfocando el debate en cuánto de la reforma a la salud podría sobrevivir si se elimina la exigencia de que todos los ciudadanos compren seguros de salud. El mandato pretendía sumar cerca de 30 millones de nuevos clientes a las aseguradoras, las que a cambio no podrían rechazar a personas con preexistencias o cobrarles precios excesivos.

La jueza Elana Kagan, que fue designada en la corte por Obama, dijo que mantener una parte de ley era un ejemplo esos casos en que “la mitad de un pan es mejor que nada de pan”, destacando que eso se ha aplicado en algunos estados con resultados exitosos.

La jueza Ruth Bader Ginsburg, también liberal, afirmó: “es un dilema entre una operación de demolición o un trabajo de rescate”, sugiriendo que la segunda opción era el camino más sensato.

Entretanto, la jueza Sonia Sotomayor, otra de las magistradas nombradas por Obama, aseguró que algunas provisiones de ahorro de costos dentro de la ley podrían ser efectivas incluso si la corte decide anular el mandato.

La administración Obama argumenta que la ley es “separable” del mandato, pero reconoce que las provisiones populares que protegen a las personas con condiciones médicas preexistentes y que controlan los incrementos de la prima de seguros no funcionan sin el requerimiento de sumar a nuevas personas al mercado y financiar el riesgo.

Edwin Kneedler, el viceprocurador general que representa a la administración, destacó partes de la ley que dijo que ya están funcionando antes de que el mandato fuera siquiera implementado, como evidencia de que algunas provisiones podrían sobrevivir de forma independiente.

Quienes se oponen a la ley quieren que se derogue por completo, entregando al Congreso una “hoja en blanco” para encontrar una solución al problema de los que no están asegurados. Paul Clement, el abogado que representa a los abogados querellantes, dijo que remover el mandato individual dejaba a la ley como una “cáscara vacía”.

“Si el mandato individual es inconstitucional, el resto de la ley no se sostiene”, afirmó.

Esa opinión fue compartida por el juez Antonin Scalia, un conservador. Él argumentó que separar esa ley no tendría precedentes. “Mi enfoque es que si se quita el corazón del estatuto, el estatuto desaparece”.