La poderosa Corte Constitucional de Alemania no decidirá antes del 12 de septiembre si autorizar el Mecanismo Europeo de Estabilidad -fondo de rescate permanente de 500 mil millones de euros de la eurozona-, o emitir una orden judicial que demore su implementación.
Desde la ciudad de Karlsruhe, en la ribera del río Rin, el tribunal dejó bien en claro que no se dejará presionar por el pánico de los mercados o la impaciencia de los políticos. Si decide adoptar medidas preventivas contra el fondo y un tratado paralelo que fija reglas fiscales vinculantes para los miembros de la eurozona, será después de llegar a una conclusión definitiva sobre si son compatibles o no con la Constitución alemana.
“El tribunal se tomará todo el tiempo necesario para tomar una decisión”, dijo la vocería de la canciller alemana, Angela Merkel. Porque cuando se trata de Karlsruhe, la “canciller de hierro”, quien se supone está dictando los términos de la solución a la eurocrisis, no se atreve siquiera a asomar irritación.
En Bruselas Merkel sigue dominando. La futura asistencia financiera todavía estará sujeta a condiciones estrictas, independiente del país que lo necesita. Y los bancos no se recapitalizarán directamente con fondos europeos a no ser que haya un nuevo nivel de supervisión de la banca de ese continente.
Pero aunque es la figura política más popular en Alemania, Merkel tiene menos poder de lo que muchas personas en el exterior piensan. Una de las causas de esta confusión internacional es que un canciller alemán es una figura supuestamente débil; puede establecer las prioridades de su gobierno, pero no obligar a sus ministros a adoptar políticas particulares. Todo tiene que ser consensuado.
También están las dos grandes instituciones independientes del Estado diseñadas para mantener al gobierno en alerta: el Tribunal Constitucional y el Bundesbank. Merkel nunca intenta darles instrucciones o darles una opinión contundente. Trata al Banco Central Europeo de la misma manera.
Esta semana Merkel debe convencer al Bundestag de aprobar un plan de rescate de 100 mil millones de euros para recapitalizar los bancos españoles. Habrá 20 o más detractores entre sus partidarios y no tendrá mayoría absoluta en el Parlamento. Pero le aprobarán su acuerdo, con el apoyo de la oposición.
Su mayor problema es el Tribunal Constitucional, un organismo que trasciende la influencia política.
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