Próxima a cumplir una década de vigencia está la ley que regula la gestión de intereses o lobby ante autoridades públicas, normativa con la que se buscó avanzar en materia de transparencia y probidad. Pero sus diez años darán paso a perfeccionamientos en 2023, según adelantó la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte.
Su subrogante en el cargo, Macarena Lobos, explica que el proyecto que será presentado durante el primer semestre apunta en lo central a que haya nuevos sujetos obligados de informar reuniones y elevar el régimen de sanciones.
La iniciativa, que ya está en fase de redacción, incluirá una redefinición del límite entre lobby y gestión de interés particular y aumentará la regulación a la industria del lobby.
En la actualidad, las autoridades que deben informar reuniones de lobby en el sector público son ministros, subsecretarios, jefes de servicio, embajadores, parlamentarios, alcaldes, concejales, intendentes y gobernadores. Suman cerca de cinco mil. Mientras que los inscritos como lobbystas y gestores de intereses son unos 10.564 entre personas naturales y jurídicas.
En paralelo, la omisión inexcusable de la información o la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa se sanciona con multa de 20 a 50 UTM, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderles.
¿Cuánto cambiar?
El abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, valora que se estudien cambios, porque estima que la norma actual “tiene bastante menos de ley de lobby y más de registro de audiencias”.
A su juicio, “eso es irrelevante”. Y añade: “Lo central es que quien vaya a solicitar la reunión informe si va a solicitar algún tipo de decisión de la autoridad, sea legislativa o administrativa como un decreto”.
De ahí que considera un buen cambio establecer un estatuto de transparencia de los lobbistas y de sus clientes, como sucede en EE.UU., Canadá o la Unión Europea. En esos países, ejemplifica, se les dice a los lobbistas que semestralmente deben publicar quiénes son sus clientes, sobre qué temas y qué autoridad están haciendo lobby; e, incluso, se habla de los pagos.
El abogado y experto en temas de transparencia y probidad, Alberto Precht, opina que la ley es perfectible, porque “falla en cómo ejercer las sanciones, por ejemplo, cuando alguien miente o no entrega toda la información o no se registra un regalo o una audiencia”.
Sería interesante saber cuánto se invierte o se le pagó a un lobista”, afirma, aunque de inmediato advierte que los ajustes deben ser menores y no “cambiar el espíritu de la ley” que está funcionando bien.
“El caso de Chile es admirado a nivel internacional”, plantea al tiempo que opina que son pocos los países en el mundo que han logrado regular el lobby de manera efectiva.
Para el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Matías Walker (Demócratas), es importante analizar en conjunto el tema de posibles actos de corrupción o cohecho.
La Ley de lobby se puede cumplir al registrar una reunión, pero sus dudas apuntan a lo que ocurre después, por ejemplo cuando deviene en un contrato con el Estado: “Cómo se aplica el principio de igualdad de los oferentes, cómo se permite a las PYME participar en los procesos de compras públicas en igualdad de condiciones, cómo se favorecen a empresas de regiones en empresas públicas; este es un tema más global y eso es lo que le vamos a plantear a la ministra”.
El subsecretario de la Segpres del Gobierno de Sebastián Piñera, Máximo Pavez, comenta que la administración anterior desplegó una agenda de modernización en el Congreso, pero “lamentablemente la actual administraciòn ralentizó la entrada en vigencia de la transformación digital, no quiso avanzar en transparencia y en el tema integridad no ha hecho nada por mover el proyecto o presentar otro”. Y, en ese contexto, “cualquier intento de modificación de otras leyes hará que estos esfuerzos definitivamente se pierdan. Creo que es mejor impulsar la agenda que está y no seguir con voladores de luces”.
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