La
presidenta Michelle Bachelet, reafirmó hoy su compromiso con el proyecto de ley
de intercambio de información bancaria que pretende cubrir los requerimientos
de la OCDE en
términos de transparencia y de acción contra los paraísos fiscales.
"Esperamos
que sea una realidad en los próximos meses", señaló Bachelet en una
conferencia de prensa en la sede de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), tras recordar que ese proyecto de ley fue enviado
por su Gobierno al Parlamento, donde está en proceso de tramitación.
Preguntada
sobre lo que piensa hacer Chile para ser borrado de una "lista gris
clara" publicada por la OCDE
en abril pasado cuando también dio a conocer los centros financieros que
considera paraísos fiscales, la jefa del Estado dio cuenta de ese proyecto de
ley, y de otro que su Ejecutivo también ha enviado al Parlamento sobre la
responsabilidad penal de entidades jurídicas por cohecho.
"Teníamos
conciencia de que teníamos que dar un paso más", admitió la presidenta,
antes de indicar que también confía en que el segundo texto legislativo
"se apruebe en la brevedad".
En
cualquier caso, y parafraseando con humor a una embajadora chilena, insistió en
que "Chile es un paraíso, pero no un paraíso fiscal".
El
secretario general de la OCDE,
Ángel Gurría, puntualizó que en el caso de Chile había sido incorporado -junto
a Austria, Bélgica, Brunei, Guatemala, Luxemburgo, Singapur y Suiza- a la lista
no de paraísos fiscales, sino de centros financieros que no han implementado
"sustancialmente" sus compromisos para asumir los estándares
internacionales.
Para Chile,
la razón era la existencia de restricciones en los mecanismos de transparencia
financiera pero "sólo" en el intercambio de informaciones bancarias,
subrayó Gurría, que a continuación recordó que el proyecto de ley que tramita
el Parlamento chileno tiene por objeto esa cuestión.
"Ese
compromiso fue reconocido por la
OCDE", añadió el secretario general.
En la misma
"lista gris clara" en la que figura Chile, que es candidato a la
adhesión -y podría materializarse a finales de año-, hay cuatro Estados
miembros de la propia organización: Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza.
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