Primero fue el Santander y el Banco Falabella. Ahora fue el turno del Banco de Chile: la entidad financiera presentó más de una docena de querellas por eventuales autofraudes de algunos de sus clientes.
Todo, a un año de dictada la nueva ley que limita la responsabilidad de los usuarios ante fraudes bancarios. La normativa señala que cuando un cliente denuncia ante su banco una defraudación, la entidad debe restituir el dinero al afectado en un plazo de 5 días hábiles –sin ningún tipo de análisis de por medio- cuando el monto es equivalente a 35 UF, esto es, alrededor de $ 1 millón.
En sus querellas, el Banco de Chile repite un modus operandi: un cliente presenta un reclamo, desconociendo operaciones realizadas en su cuenta, todo, sostuvo, en el contexto del procedimiento de objeciones regulado en el artículo 4° de Ley N° 20.009.
Añadió que, debido a que los reclamos consistían en objeciones de operaciones que, en total, no superaban la suma en pesos equivalente a 35 UF, y por expresa disposición del artículo 5° de la Ley 20.009, la entidad abonó en las cuentas singularizadas el total del monto objetado, asumiendo –dijo- el perjuicio asociado a los hechos.
El banco señaló que, al momento de revisar los reclamos de los clientes y las operaciones realizadas en sus cuentas asociadas a los hechos (abono y giros), advirtió que concurren ciertas características que dan cuenta que las operaciones desconocidas por los titulares podrían no ser en su totalidad obra de terceros. "Podría tratarse de maniobras realizadas para simular un fraude, para engañar a mi representada y al sistema legal y bancario", dijo la defensa de la entidad financiera.
En las querellas coincide que en los reclamos analizados confluyen una serie de circunstancias, mismas que –dijo el banco- podrían dar cuenta de maniobras realizadas para dar apariencia de operaciones normales y regulares a unas que no lo son: una cuenta vista (se trata de la cuenta vista "Fan") abierta poco tiempo (días) antes del reclamo, y un abono en efectivo realizado a través de sucursales, por una suma cercana al equivalente en pesos de 35 UF, efectuado inmediatamente antes de la primera operación objetada por el titular de la cuenta.
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"Hacemos presente que la Ley 20.009 contempla que los bancos emisores deberán proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos correspondientes a las operaciones reclamadas, dentro de cinco días hábiles contados desde la fecha del reclamo, cuando la suma objetada sea igual o inferir a 35UF, por lo que parece una extraña coincidencia que el monto depositado sea casi el mismo", dijo el Banco de Chile en sus querellas.
Añadió que las sumas abonadas en las cuentas cuestionadas fueron sacadas a través de giros sucesivos efectuados en cajeros automáticos dentro de los días siguientes al abono.
La entidad precisó en sus acciones judiciales que los giros realizados a través de cajeros se realizaron con tarjetas que cuentan con tecnología chip, y requieren además, la digitación de la clave personal y secreta definida por el titular de la misma.
"En este punto, es necesario aclarar que las tarjetas con tecnología chip no pueden ser clonadas. Además, necesariamente se hizo uso de la clave secreta", dijo el banco en sus demandas.
Consultada la entidad sobre las querellas, evitó realizar declaraciones.
Las denuncias
En lo que va del año, en la industria ya se contabilizan casi 200 personas denunciadas por este tipo de hechos, las que han sido identificadas por las entidades financieras. En todos los casos la justicia ya envió los antecedentes al Ministerio Público para que sean investigadas.
En las querellas se afirma que las conductas denunciadas constituyen el delito de uso fraudulento de tarjetas de pago y transacciones electrónicas, las que se sancionan con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y una multa correspondiente al triple del monto defraudado.
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La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras confirmó que en los últimos meses han aumentado los autofraudes y con ello las denuncias de los bancos. Apuntó a personas que buscan aprovecharse de lo que denominó una falla en la regulación. Esto, por cuanto sostuvo que la normativa exige a los bancos un estándar probatorio único a nivel internacional.
La ABIF afirmó que esto fue advertido durante la discusión del proyecto de ley por el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero y por la misma asociación.
En el caso del Banco Santander, según una serie de querellas presentadas en las últimas semanas, desde el mes de enero de 2021, su Unidad de Prevención de Fraudes en Medios de Pago comenzó́ a recibir información relacionada con un nuevo modo de estafa cometido principalmente a través de las cuentas con apertura mediante canales remotos.
El modus operandi del fraude detectado, dijo la institución, consiste en que el cliente, una vez que abre la cuenta en la entidad, hace un depósito de hasta 35 UF, suma que posteriormente es retirada por los diversos medios disponibles: cajeros automáticos, pagos de cuentas, compra de bienes, transferencias electrónicas, entre otros.
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